43 de Ayotzinapa: exigimos la renovación del mandato al GIEI
Abril de 2016
La lucha por verdad y justicia que llevan adelante los padres de familia de los 43 de Ayotzinapa está en peligro más que nunca. El gobierno de Enrique Peña Nieto pretende dar carpetazo al caso al detener las investigaciones y apartar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que las lleva adelante.
Las familias de los 43 de Ayotzinapa están pidiendo apoyo internacional con el fin de exigir al gobierno que renueve el mandato del GIEI, entendiendo que la única posibilidad de conocer el paradero de sus hijos es que este grupo continúe con el trabajo que viene realizando. El grupo de expertos ha demostrado que la versión oficial presentada por la Procuraduría General de la República es falsa, y ha dado indicaciones claras, basadas en pruebas reales, sobre cuáles deben ser los pasos a seguir para conocer de una vez por todas lo ocurrido con los 43 estudiantes detenidos‑desaparecidos por elementos de la Policía Municipal, en conocimiento de la Policía Federal y el Ejército mexicano.
Desde hace tiempo, el gobierno de México ha lanzado una campaña de desprestigio contra el GIEI y contra sus principales representantes. Ha roto los acuerdos asumidos con la CIDH y con el propio GIEI, con la intención de suspender cualquier avance en las investigaciones que contradigan la versión oficial y expongan las falsedades sobre las cuales se sustentó, lo cual ya fue ampliamente demostrado.
Quienes firmamos esta carta exigimos al gobierno de México que no se sigan obstaculizando las investigaciones ni inventando falsos escenarios para ocultar lo ocurrido con los 43 estudiantes, que se renueve el mandato del GIEI y se tomen en cuenta los resultados aportados por los expertos. También exigimos a los organismos internacionales competentes que velen por el cumplimiento de estos puntos, ya que esto forma parte de las obligaciones del presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete, al tratarse de un crimen de lesa humanidad cometido por las fuerzas públicas que él comanda, y por lo tanto es el principal responsable de los crímenes que estas cometan bajo su mandato.
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