FUECYS LISTA 3

Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios

Archive for 31 octubre 2009

COMUNICADO DE PRENSA

Posted by FUECYS LISTA 3 en 31 octubre, 2009

El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT comunica que mañana Viernes 30 de Octubre, se realizará  la primera operación de cataratas a la compañera Liliana Sosa, en el marco de la Firma del Convenio con el Hospital de Ojos “José Martí”.

Enviamos nuestro reconocimiento a todas las instituciones gubernamentales involucradas en el convenio, al hermano pueblo cubano que con su solidaridad hacen posible este sueño, y a todo el pueblo uruguayo, ya que este emprendimiento es una conquista en la dirección de que la salud humana no sea considerada una mercancía.

Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT

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No a la anulación: lágrimas y desconsuelo

Posted by FUECYS LISTA 3 en 26 octubre, 2009

fuente: La Republica

Ley de Caducidad ratificada. Los primeros resultados eran alentadores, después vendría el mazazo

La papeleta rosada por el SI no alcanzó los votos necesarios para promover la anulación de la Ley de Caducidad. El desconsuelo ganó a la sede del PIT-CNT, donde la Coordinadora por la Nulidad aguardaba el resultado. Sin embargo, el mensaje final fue un llamado a redoblar la lucha por “verdad y justicia”.

Desconsuelo. Las lágrimas de algunos militantes no pudieron ser contenidas. Jóvenes y adultos se unían en grandes pequeños abrazos de tristeza. La voz de aliento llegaba a los oídos más golpeados y un fuerte aplauso de reconocimiento a la pequeña gran tarea militante cerró la jornada.

Las primeras horas de la noche también eran de lágrimas, pero de alegría. Los primeros resultados de las encuestadoras daban una firme posibilidad de aprobación para el plebiscito por el cual quedaría desterrada para siempre del ordenamiento jurídico uruguayo la Ley Nº 15.848, “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”.

El devenir de los minutos arrojó otra realidad. Las sonrisas de alegría se mezclaron con desconcierto. La tensión se hizo cada vez mayor. Los números daban y no daban, se alcanzaba la ansiada cifra del 50% y los votos no eran suficientes. La incertidumbre reinaba en la sede del PIT-CNT, donde la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad aguardó los resultados.

Finalmente, lágrimas de impotencia. La opción más votada de toda la jornada electoral no alcanzó el objetivo del número mágico del 50% más uno de los votos, que abría la posibilidad de juzgar todos los crímenes perpetrados por el Terrorismo de Estado en Uruguay. La Ley de Caducidad, considerada inconstitucional por los tres poderes del Estado, continúa vigente.

“Lucha permanente”

El integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT Luis Puig fue el principal orador de la conferencia de prensa en la cual la Coordinadora realizó “un enorme reconocimiento a los ciudadanos de todos los partidos políticos que contribuyeron mediante el voto por la papeleta rosada a plantearse la perspectiva de la anulación de la Ley de Caducidad”.

El dirigente sindical destacó el enorme esfuerzo desarrollado durante dos años “en la campaña de recolección de firmas” y durante la propia campaña por la anulación, en el entendido de que la sociedad uruguaya está enfrentado una “ley inconstitucional y nula porque consagra la impunidad de los terroristas de Estado”.

Sin embargo, “la lucha por los derechos humanos es una lucha permanente y que seguirá varios caminos”, por lo cual Puig destacó la campaña por la anulación como una “contribución para el futuro, para que nunca más haya dictadura ni terrorismo de Estado”.

“La lucha por la plena vigencia de los derechos humanos es de carácter permanente y es un objetivo del conjunto de la sociedad (uruguaya) y de la comunidad internacional, ya que esta ley no queda convalidada con el resultado de ayer porque es una ley inmoral, antiética y contraria a los derechos humanos”.

“La anulación de la Ley de Caducidad fue la opción que tuvo más votos hoy (ayer) en este país y eso está marcando algo en el país”.

En este sentido, el dirigente sindical destacó, como uno de los aspectos centrales, la movilización multitudinaria de los jóvenes en favor de la anulación.

“Miles y miles de jóvenes dieron un mensaje categórico: la juventud uruguaya comienza a incorporar como una perspectiva suya, para el futuro de esta sociedad, que es irrenunciable, el tema de la memoria. El esfuerzo y el protagonismo de los jóvenes en esta campaña es un elemento destacable, de primera línea, en la democracia de este país y sin duda alienta a desarrollar el camino de seguir luchando por la verdad y la justicia como elementos irrenunciables del Uruguay”, expresó el sindicalista.

Por su parte, el dirigente colorado Diego Fau aseguró que “la lucha por la defensa de la libertad, de la democracia, de la justicia y de los derechos humanos no termina hoy (ayer) y vuelve a empezar mañana (hoy) a primeras horas de la mañana y, por tanto, tenemos una enorme responsabilidad”.

“Ahora no sólo les debemos a las víctimas y a los familiares de las víctimas, sino que ahora tenemos el mandato de 1.200.000 uruguayos.

La responsabilidad la redoblamos y mañana (hoy) de mañana continuaremos luchando”.

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Juez condenó al Goyo y a Larcebeau

Posted by FUECYS LISTA 3 en 23 octubre, 2009

Fuente: La Republica

Traslados clandestinos. 25 años para el dictador por 37 homicidios y 20 años para el marino por 29 homicidios

La Justicia condenó ayer al ex dictador Gregorio “Goyo” Alvarez y al marino Juan Carlos Larcebeau por reiterados delitos de “homicidio muy especialmente agravados”. El fallo de primera instancia tipifica los crímenes como delitos de lesa humanidad y los considera imprescriptibles.

Mauricio Pérez |

El ex dictador Gregorio “Goyo” Alvarez, uno de los principales referentes del proceso cívico militar desarrollado en Uruguay entre 1973 85, fue condenado ayer a 25 años de penitenciaria, como autor responsable de 37 delitos de “homicidio muy especialmente agravados”, por el traslado clandestino de presos políticos en 1978.

El juez Penal de 19º Turno, Luis Charles, dispuso la condena al determinar su responsabilidad cupular en la configuración de la política de lucha contra la subversión. “La teoría del dominio del hecho a través de un aparato organizado de poder es el fundamento legal para considerar a las Juntas Militares y demás involucrados responsables de los delitos cometidos durante el régimen cívico­militar uruguayo”, expresó el magistrado.

En este sentido, el concepto normativo de autor podría extenderse “para abarcar la responsabilidad penal de quienes ostentaban cargos de jerarquía en las estructuras del Estado, ya sea en la órbita militar, policial o civil”, dice la sentencia a la cual accedió LA REPUBLICA.

“Quien tiene el dominio del hecho es el dueño de la situación delictiva, a pesar de no intervenir personalmente en su realización. En dicho ‘aparato’ existe una estructura objetiva suficiente, que justifica el traslado de la condición de autor a quien da las órdenes, sin restarlo del ejecutor inmediato de los hechos materiales”, indica.

“Aún no habiendo participado directamente en el momento de la consumación, los mandos determinaron a otros a cometer el delito, ya sea por la pasividad de su control en la legalidad de las acciones, ya sea por la implementación, planificación y dirección de los operativos”, enfatiza.

NO SABE/NO CONTESTA

Alvarez manifestó “sistemáticamente” ante la Justicia “su desconocimiento absoluto respecto a la eventual situación de ciudadanos uruguayos recluídos en centros de detención clandestinos dentro del territorio nacional o en el exterior, y de la participación de militares uruguayos operando” en Argentina, indica el magistrado.

Sin embargo, “no es ilógico deducir coherentemente que no podía existir información desconocida ni secreta para él, por su condición de jerarca máximo del Ejército”, porque incluso “asumió la responsabilidad por todos los hechos de sus subordinados vinculados a la lucha contra la subversión”, por orden 777/78, señala la sentencia.

“Alvarez niega conocer el funcionamiento, ubicación en el organigrama militar y quien operaba en el establecimiento La Tablada, así como la existencia del OCOA, ignorando además la actividad de sus subordinados en la República Argentina y otros países del Cono Sur”.

No obstante, “por la jerarquía militar que desempeñaba y por integrar en el año 1978 la Junta de Comandantes en Jefe, en su carácter de mando, no podía desconocer la conducción de la política de gobierno en materia de lineamientos, coordinación y cooperación con otros gobiernos en la llamada ‘guerra contra la subversión'”, indica Charles.

EN SU LEGAJO

El capitán de navío (r) Juan Carlos Larcebeau, por su parte, fue condenado a 20 años de penitenciaría, ya que como oficial de Inteligencia del Estado Mayor del Fusna, S2, viajaba “asiduamente a Argentina, donde participó en operaciones militares tendientes a la desarticulación del denominado aparato subversivo”.

Larcebeau participó “de los grupos armados que realizaron detenciones ilegales en Argentina, interrogatorios con apremios psico físicos, traslados y asesinatos”, y pese a que “estaba sometido a jerarquía (…) resulta notorio que poseía facultades de mando y que sus actividades de Inteligencia eran operativas”, señala el magistrado.

En este sentido, su accionar “constituyó parte de una política sistemática de aniquilamiento de los denominados grupos subversivos, debiéndose tener presente las características propias de la misma, especialmente su clandestinidad, así como la total degradación de las personas detenidas que permanecían encapuchadas o vendadas y eran sometidas a distintas formas de tortura”.

La presencia de Larcebeau en Argentina fue confirmada por su propio legajo personal, y el testimonio de efectivos de la Armada, como el capitán Eduardo Laffitte, los cuales confirmaron los viajes del marino para coordinar, como jefe del S2, acciones con grupos de la Escuela de Mecánica (ESMA). El marino fue considerado autor de 29 delitos de “homicidio muy especialmente agravado”.

LESA HUMANIDAD

La sentencia condenatoria contra Alvarez y Larcebeau desestimó la tipificación “de desaparición forzada” imputada por la fiscal Mirtha Guianze (ver recuadro), pese a lo cual considera los crímenes como “delitos de lesa humanidad”, y por tanto imprescriptibles.

“El asesinato, el secuestro, la tortura y los tratos crueles e inhumanos, perpetrados contra una población civil a gran escala y de acuerdo a un plan sistemático llevados a cabo por funcionarios estatales o con la aquiescencia estatal  constituyen crímenes contra la humanidad”, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, recuerda el magistrado.

“Mucho antes de la comisión de los hechos investigados, las conductas imputadas eran consideradas crímenes contra la humanidad. Todo lo expuesto implica reconocer que esos hechos son lesivos de normas que protegen valores fundamentales que la humanidad ha reconocido a todo ser humano”.

“La ocurrencia de delitos cada uno violando gran cantidad de derechos humanos  cometidos durante el gobierno de facto, en el marco del terrorismo de Estado y en forma sistemática, masiva, planificada (…) comprenden las prácticas que el Derecho Internacional considera ‘crímenes de lesa humanidad’, crímenes imprescriptibles y cuyo juzgamiento es irrenunciable por todos los Estados”, agrega Charles.

El derecho internacional considera “inadmisibles las disposiciones de prescripción que pretendan impedir la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos y el Estado no puede invocarlas para exonerarse de obligación de juzgar y castigar a los autores de estas violaciones”.

Sin embargo, “debe tenerse presente que aún aplicando exclusivamente la normativa prevista en el Código Penal patrio, la conclusión debe ser exactamente la misma, esto es, que no ha operado la prescripción de los delitos imputados”, ya que el término de la prescripción se inició con el retorno de la democracia y, ante la gravedad de los delitos, opera la elevación prevista en el artículo 123.

Los hechos investigados “son manifiestamente graves, lo que aunado a la naturaleza de los móviles perseguidos amerita, sin lugar a dudas, el incremento del tercio”, ya que la “calidad” debe apreciarse “al momento de la consumación del ilícito y no con posteridad a los acontecimientos”, esgrimió el magistrado.

La sentencia condenatoria de primera instancia de Alvarez y Larcebeau se conoce apenas un año y 10 meses después de sus procesamientos, lo cual habla de la celeridad de acción del Juzgado, en un expediente en el cual declararon 171 testigos y se solicitaron centenares de oficios, incluso a la República Argentina. La causa fue patrocinada por el abogado Oscar López Goldaracena, en nombre de los familiares de las víctimas de los traslados de 1978.

CHARLES DESESTIMÓ DESAPARICIÓN FORZADA

El juez penal de 19º turno, Luis Charles, volvió a desestimar en sentencia de condena, la imputación de “desaparición forzada” formulada por la fiscal Mirtha Guianze contra los enjuiciados, al igual que el proceso conocido como “Segundo Vuelo” de Automotores Orletti.

El magistrado reconoce “lo dudoso del tema, especialmente por la aplicación de normas del Derecho Internacional”, pero se afilia a la jurisprudencia de los actuales TAP. “De acuerdo a la prueba reunida en autos, corresponde concluir que las víctimas están muertas, fueron asesinadas y esto por la acción causal de los enjuiciados”, señala.

Asimismo, la tipificación de “desaparición forzada” vulnera “el principio de irretroactividad de la ley penal”, ya que a la fecha en que las víctimas fueron detenidas esa figura delictual “no existía”, expresó el magistrado.

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GOLDARACENA: SATISFACCION POR FALLO JUDICIAL

Posted by FUECYS LISTA 3 en 23 octubre, 2009

Fuente: la Republica

El abogado de familiares de detenidos desaparecidos, Oscar López Goldaracena, expresó su satisfacción tras la condena que dictó la Justicia al dictador Gregorio Alvarez por los crímenes cometidos durante el periodo cívico militar.
“Para nosotros es una gran satisfacción ver que la Justicia ha actuado con la celeridad del caso, este proceso no es de un año, ni de diez meses, y demostró que se puede acceder a la verdad a través de la Justicia”, dijo el abogado.
Por otra parte, indicó que gracias a ésta, “se pudo comprobar los traslados clandestinos de las familias enteras de desaparecidos en diciembre del 77, trasladados al Uruguay en el período en que Alvarez fue comandante del Ejército”.
Por otra parte, Goldaracena fue consultado acerca del caso del general Tróccoli, del que se espera su extradición por parte de Italia: “Se está activando el procedimiento a través de la Justicia italiana como ya han anunciado los órganos competentes de ese país”, señaló.
Por último, el abogado dijo que el dictador fue notificado en la cárcel de Domingo Arena, y que no pudo concurrir a la sede judicial por estar afectado de “diarrea”. Ante esta situación, la Justicia envió un forense para confirmar la versión.

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Rechazo sindical a Lacalle

Posted by FUECYS LISTA 3 en 22 octubre, 2009

Fuente: La Republica

Destacados dirigentes sindicales del PIT-CNT rechazaron enfáticamente que un eventual gobierno de José Mujica vaya a ser “radical”, tal como afirmó el candidato presidencial del Partido Nacional. “El único proyecto de extremismo es el de la derecha y está encabezado por Luis A. Lacalle”.

Sindicalistas que integran el secretariado ejecutivo del PIT-CNT salieron ayer al cruce de las declaraciones del candidato presidencial Luis A. Lacalle, quien en las últimas horas declaró que si las elecciones las ganara el Frente Amplio, José Mujica llevaría adelante un gobierno de corte “radical” dado que, a su juicio, el presidenciable de la izquierda “no es lo mismo que Tabaré Vázquez”.

En tal sentido, el dirigente metalúrgico que integra la cúpula sindical, Marcelo Abdala dijo en diálogo con LA REPUBLICA que “el Frente Amplio, representa al sistema de alianzas de los trabajadores con la intelectualidad avanzada y los sectores laboriosos de la ciudad y el campo. Representa una estrategia de desarrollo social y democrático que representa los intereses de la inmensa mayoría de la sociedad “, subrayó. En este contexto, Abdala sostuvo que “por este motivo y por varios más es que la clase trabajadora entiende que Mujica no llevaría adelante un gobierno de extremismo y, por el contrario, el único proyecto de extremismo es el de la derecha”, sentenció.

“Es de extremismo porque plantea la apertura comercial indiscriminada y su estrategia es la de llevar adelante la desregulación. Los uruguayos no deberían de olvidar que esto ya lo vivimos en la década de los 90 y por eso pienso que los orientales honestos deberían de apoyar el proyecto que encabeza Mujica”, concluyó Abdala.

Por su parte, el dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio y coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereira, señaló que en el movimiento sindical hay certezas de que Mujica realizará un gobierno que continuará con las políticas implementadas por la administración de Vázquez y remarcó los “avances” en materia laboral.

“Hay que remontarse a la década del 40 para tener un avance similar en el área de relaciones laborales porque en este gobierno se crearon varias leyes laborales que le devolvió al movimiento sindical los brazos que le había quitado el gobierno de Lacalle”, sentenció.

Pereira subrayó que “la política laboral fue llevada adelante por Bonomi y por Baráibar, dos hombres de confianza de Mujica, y la relación con el PIT-CNT ha sido buena no sólo por capacidad de diálogo, sino por capacidad de propuestas para mejorar la realidad de los trabajadores”, reflexionó.

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AHORA SI, POR LA JUSTICIA

Posted by FUECYS LISTA 3 en 22 octubre, 2009

Fuente: La Republica

Por Fernando Butazzoni |*|

Hace apenas unos días, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, declaró inconstitucional a la Ley de Caducidad para el caso del asesinato de Nibia Sabalsagaray. Esto significa que para el mencionado caso, la Ley de Caducidad no tiene valor, no puede ser aplicada y la Justicia podrá actuar libremente, procesando a aquellos que encuentre responsables del crimen. Esta decisión es de enorme trascendencia, ya que la declaración de inconstitucionalidad se hará seguramente extensible a todas las otras causas que sean planteadas ante la Suprema Corte.

Se trata de un fallo y de un acontecimiento histórico. El texto de la decisión adoptada por el máximo organismo de la Justicia en nuestro país, se encarga de demoler los pocos argumentos en los que aún insisten los defensores de la Ley de Caducidad. Unánimemente la Corte entiende que la ley violenta el principio de separación de poderes, viola diversas normas de derecho internacional aprobadas por el Estado uruguayo y transgrede el derecho de las víctimas de acceder al sistema judicial para identificar y juzgar a los responsables de los hechos acaecidos durante la dictadura militar.

Pero además el fallo se encarga de rechazar de plano que la Ley de Caducidad pueda ser considerada una ley de amnistía, liquidando el argumento más utilizado por quienes pretenden que siga vigente. Que la Ley de Caducidad es inconstitucional lo sabíamos desde el inicio, desde el mismo día de su aprobación parlamentaria. Pero que 23 años después, lo establezca de forma tajante la Suprema Corte de Justicia, tiene un enorme valor para nuestra democracia, para las víctimas, sus familiares y para toda la ciudadanía, pues su declaración supera ya, todo debate en la materia.

La Ley de Caducidad es hija de la amenaza y del miedo, su permanencia es la historia de la mentira y la claudicación. Desde el día de su aprobación parlamentaria, casi en la Navidad de 1986, en medio de sesiones extraordinarias y maratónicas, su mayor fundamento fue la amenaza, el principal argumento fue el desacato. Su presentación en sociedad no invirtió mucha elaboración, se la camufló como la consecuencia de “la lógica de los hechos”, sin explicar muy bien de qué lógica y de qué hechos, e inmediatamente, como la fórmula indispensable para impedir el regreso militar.

Los alegatos de la supuesta responsabilidad de Estado y del precio que debíamos pagar por la paz y la democracia, fueron el sofisticado envoltorio de la impunidad y el pertinaz cuento que debimos escuchar hasta el hartazgo. Junto a la infaltable descalificación de los que levantamos la bandera de verdad y justicia, mediante aquellas frases que marcaron una época: “los ojos en la nuca”, “los intolerantes de siempre”, “aquellos que sólo buscan venganza”.

Luego vendrían otras alevosas mentiras para la historia de la vergüenza. “En Uruguay no hay desaparecidos”, “en los cuarteles no hay nada, es pura fantasía”, “no podemos investigar, nada se puede hacer”. La indiferencia, la falta de sensibilidad y la mezquindad, se vestían con trajes de estadista, mientras le ofrecían a la sociedad como postal del buen gobierno, el precipicio ético y la mediocridad.

Siempre trataron de implantarnos el miedo. Desde el poder, justo aquellos que supuestamente debían ser los estandartes del compromiso y la dignidad de la nación, sólo nos ofrecieron olvido y resignación. Por eso fueron muy importantes las marchas del 20 de mayo, sobre todo las primeras, para encontrarnos, para darnos ánimo, para ver que no estábamos solos, para redoblar. Y la búsqueda, la lucha, la perseverancia, ensancharon el cauce de la solidaridad, el compromiso social con la verdad y con el valor de la justicia.

La justicia es un valor y un sentimiento profundo. Su poder democrático, disuelve el miedo cada vez que enfrenta pacíficamente a la impunidad, cada vez que pone de manifiesto la verdad, derribando el ocultamiento y la mentira. Verdad y justicia, significa asumir el compromiso, vencer el temor, respetar el sufrimiento y ponerle fin a la impunidad. Significa superarnos como sociedad y como ciudadanos, es construir dignidad, afirmar nuestra confianza en el futuro.

Hoy, el pronunciamiento de la Suprema Corte ha puesto definitivamente las cosas en su lugar y es un verdadero golpe de gracia para esta ley nefasta.

¿Qué más es necesario aclarar? ¿Qué otra cosa queda por decir? ¿Qué puede hoy justificar desde una mínima y elemental lógica democrática el mantenimiento de la Ley de Caducidad? ¿Por qué debemos convivir con esa afrenta a nuestra Constitución y a nuestra dignidad ciudadana? ¿Qué fundamento hay para seguir soportando la humillación nacional que representa? ¿Qué objeto tiene? ¿Cuál es el sentido, su valor o fundamento republicano? ¿Por qué debería mantenerse?

Nada. Ya no hay nada que la sostenga ni la justifique en lo más mínimo. La ley de caducidad sólo constituye un absurdo, un símbolo ominoso de un pasado trágico, una aberración jurídica, un trasto autoritario en nuestra vida democrática. Es un monumento a la mentira, a la injusticia y la impunidad, una vergüenza para el país, una carga inadmisible y fuera del sentido común para las nuevas generaciones.

¿Qué más vamos a esperar? ¿Para qué?

Este domingo, cuando las uruguayas y uruguayos vayamos a votar, más allá de la libre y legítima opción de cada uno, tenemos un deber democrático y ciudadano que cumplir: votar por SI, poner la papeleta rosada en cada sobre y anular la Ley de Caducidad.

Y ese SI enorme que va salir de las urnas, será un SI enorme por la justicia, por el Uruguay y su futuro, un SI enorme por nuestra dignidad y nuestro compromiso democrático unánime de nunca más terrorismo de Estado y nunca más dictadura.

|*| Senador Nuevo Espacio-FA

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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Posted by FUECYS LISTA 3 en 21 octubre, 2009

Nuestro PIT-CNT, está auspiciando una gran jornada de los “Motociclistas por el Sí” a la Anulación de la Ley de Impunidad. La misma se desarrollará el jueves 22 a las 18 horas con el siguiente recorrido:

Se sale desde el Obelisco de los Constituyentes, se transcurre por Bvar. Artigas, José Pedro Varela, José Batlle y Ordoñez, Av. Gral Flores, Bvar. Artigas; Av. Millán; Av. Eugenio Garzón; San Quintín; Av. Agraciada; Circunvalación del Palacio Legislativo; Av. Libertador; 18 de Julio; hasta el Obelisco en donde será la llegada.

Convocamos a todo nuestro pueblo (que tenga moto) a sumarse a esta actividad con Banderas Rosadas, que festeja la victoria popular el 25 de octubre, para Anular la Ley de Impunidad.

Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT

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Votemos “Sí” rosado para anular la Ley de Caducidad

Posted by FUECYS LISTA 3 en 21 octubre, 2009

Fuente: La Republica

Por Oscar López Goldaracena – Abogado Defensor de DDHH

Los artículos 1º a 4º de la Ley Nº 15.848 o Ley de Caducidad son nulos e inconstitucionales:

Por violar normas y principios de “jus-cogens” que obligan al Estado a abstenerse de adoptar legislaciones que impidan el juzgamiento de los “crímenes de lesa humanidad”.

Por violar el derecho de las personas y de los pueblos a que el legislador no limite el derecho a exigir el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.

Por ser incompatibles con el artículo XVIII (Derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal como lo señalara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Por vicio del consentimiento; al haberse aprobado la Ley de Caducidad bajo coacción militar, no existió consentimiento válido del Poder Legislativo.

Por reconocer como fuente de derecho de la “caducidad de la pretensión punitiva” a la presión militar, una fuente de derecho no prevista por la Constitución.

Por violar, notoriamente, el principio constitucional de la separación de poderes.

El Estado, concebido y estructurado para garantizar que las personas bajo su jurisdicción gocen de los derechos humanos, es quien durante la dictadura los violó bajo un patrón regular de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, ejerciendo “terrorismo de Estado”. Estas violaciones a los derechos humanos constituyen crímenes contra la humanidad que son de juzgamiento necesario e irrenunciable por mandato del derecho internacional.

Ningún Estado puede dictar válidamente leyes que impidan juzgar crímenes de lesa humanidad y, si lo hacen, dichas normas son contrarias a derecho y carecen de eficacia y validez jurídica al contradecir principios de “jus cogens” que están por encima de la soberanía de los Estados.

Uruguay debió abstenerse del dictado de normas de impunidad en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. ¿Cómo revertir esa situación? Readecuando el orden jurídico interno al derecho internacional de los derechos humanos y a la Constitución de la República.

La declaración de nulidad o inexistencia de la Ley de Caducidad se impone por mandato del Derecho, extinguiendo sus efectos como si nunca hubiera existido, lo que terminará íntegramente con el contexto de impunidad.

La notoria inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad y su incompatibilidad con el Derecho internacional de los derechos humanos obliga a encausar jurídicamente el problema, lo que supone aplicar correctamente el Derecho y, para el caso, declarar nulas e inexistentes las normas de impunidad de forma que se pueda perseguir y juzgar los crímenes de lesa humanidad.

Es un imperativo jurídico que debe estar por encima de coyunturas políticas, pero también es un imperativo político y moral.

Debemos tener presente que los procesos de restablecimiento democrático en América Latina, finalizadas las dictaduras militares del pasado, enfrentaron al desafío de dar respuesta a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por el Estado. En dicha instancia, fue una constante advertir que los militares no solamente no mostraron su arrepentimiento, sino que tampoco reconocieron su participación y responsabilidad. Por el contrario, negaron los hechos y les restaron importancia o bien los calificaron como actos aislados, confiados en que el poder real y efectivo que en la realidad mantenían, fuese visto por los políticos de la época como un elemento de disuasión, presión y amenaza.

Lamentablemente, así sucedió en Uruguay cuando en 1985 la ecuación o balance de poder entre la dictadura que se iba y la democracia que venía, favoreció al aparato de la dictadura. Los militares se retiraron del gobierno pero conservaron poder. Un poder oculto que se manifestó en desacato cuando los primeros militares fueron citados a declarar ante la Justicia. Gran error histórico de quienes se arrodillaron frente a la amenaza y aprobaron la Ley de Caducidad para renunciar a juzgar. Y el poder oculto continuó operando y condicionando. Y se siguió “agachando el pescuezo” frente a los militares; así lo hizo Lacalle en el caso Berríos. Y continuamos atados con los nudos del pasado. Y se instaló la cultura “del aquí no ha pasado nada”. Y transitamos desde entonces, con hipocresía, una etapa de impunidad posdictadura a la debemos ponerle fin.

No podemos seguir corriendo el riesgo de que el ocultamiento, la mentira, el secreto y la impunidad nos impidan distinguir y jerarquizar los principios y valores de la convivencia social. La falta de justicia para crímenes de lesa humanidad confunde y desacredita la convicción sobre cuáles son las bases en las que debe asentarse nuestra sociedad.

Es así que la nulidad de la Ley de Caducidad se impone por profundas razones éticas y políticas, más allá de lo jurídico.

El actuar de la Justicia en todos los casos de crímenes de lesa humanidad constituye un elemento indispensable para comenzar a terminar la etapa posdictadura que seguimos transitando. La consolidación sustancial del Estado de Derecho implica que la sociedad, en su conjunto, asuma que la Justicia es un elemento innegociable del modelo cultural inherente a la democracia cuando se trata de darle respuesta a situaciones que califican como “crímenes de lesa humanidad”.

La nulidad de la Ley de Caducidad nos permitirá recuperar nuestra dignidad colectiva, fortalecer definitivamente la democracia y desterrar la hipocresía.

Estamos viviendo un momento histórico.

Hoy depende de nosotros terminar el tránsito de la dictadura a la democracia.

Hemos ejercido ciudadanía y movilizado un proceso de reforma constitucional por iniciativa popular para anular la Ley de Caducidad. Hemos retomado soberanía y la ejerceremos con nuestro voto el 25 de octubre, cuando una gran ola por el SI rosado ahogue la impunidad y anule la Ley de Caducidad.

Llegará entonces el tiempo de terminar la etapa posdictadura y generar una verdadera política de Estado como respuesta sin fisuras frente al pasado, desarrollando el compromiso de todos los uruguayos con verdad, memoria, justicia y nunca más.

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Un pueblo dijo SI anoche para anular la Ley de Impunidad

Posted by FUECYS LISTA 3 en 21 octubre, 2009

fuente: La Republica

200 mil. Un río rosado cubrió 18 desde el Obelisco a Minas

Anoche 200.000 personas gritaron SI contra la impunidad en la marcha contra la anulación de la Ley de Caducidad, más grande que se haya realizado hasta el momento. Cuando la cabeza de la marcha llegó al Obelisco la cola no había pasado de la Plaza de los Treinta y Tres.

Cecilia Torres

mano. La cabeza de la movilización llegó al Obelisco y la cola aún no había superado la Plaza de los Treinta y Tres.

to. Los Familiares con los rostros de los desaparecidos abrieron la gigantesca columna, a lo larto de todo el trayecto los acompañó un cálido y respetusoso aplauso.

El abogado Oscar López Goldaracena dijo antes de largar la caminata: “Una gran ola rosada va a terminar ahogando la impunidad”.

Una multitud acompañó a los familiares de detenidos desaparecidos, entre los que se destacó la presencia de Mariana Zaffaroni, Anatole y Victoria Julién, y Ricardo D’ Elía, abrazados por todos.

Desde antes de las 19.00 horas un grupo muy nutrido de gente empezó a arrimarse a la Plaza Libertad, convocados por la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad.

Convocaron a la marcha de ayer, además de la Coordinadora, el PIT-CNT, toda la Universidad de la República, Fucvam, artistas y personalidades políticas y del deporte.

Fue nutrida la presencia de grupos artísticos como la cuerda de tambores “La melaza”, que se sumó una vez más a esta causa, pero también grupos de teatro callejeros, batucadas y murgas.

Varias figuras políticas marcharon hacia el Obelisco entre las que se destacaron la ministra de Educación y Cultura, María Simon; el intendente municipal de Montevideo, Ricardo Ehrlich; el secretario general del Ministerio de Salud Pública, Daniel Olesker; el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, la senadora Mónica Xavier y los senadores Alberto Couriel y Mariano Arana, el diputado Edgardo Ortuño, la politóloga Constanza Moreira, entre muchos otros.

Sobre las 20.00 horas y tras la formación de un gran “cordón humano” pintado de rosado, la marcha comenzó sus primeros pasos, y se detuvo en varios puntos y esquinas de la principal avenida. Los familiares de detenidos desaparecidos abrieron la movilización casi en silencio, acompañados de la multitud bulliciosa que se desplegaba como sostén durante cuadras y cuadras. El recorrido se hizo desde la Plaza Libertad hacia el Obelisco, y tuvo un desvío por Constituyente a la altura del Palacio Municipal, a causa del escenario que se montó para el acto de cierre del FA.

Cuando la cabeza de la marcha hizo un alto en la Udelar, la segunda mitad no había terminado de retomar la principal avenida.

Luis Puig, representante del PIT-CNT en la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad, dijo a LA REPUBLICA: “es emocionante ver a tantos jóvenes rodeando las fotos de nuestros compañeros desaparecidos, fotos que traen sus madres, sus hermanos”.

El dirigente mostró su asombro y dijo “es impresionante el proceso que se está dando de recuperación de la memoria y del convencimiento no solo de anular esta Ley sino de decir nunca más dictadura”.

“Memoria en libertad. Niños y adolescentes del terrorismo de Estado. Rompiendo el silencio”, fue la leyenda de la pancarta que encabezaba la marcha, llevada por varios de los ñiños y niñas, hoy jóvenes, que estuvieron presos junto a sus madres durante la dictadura.

La marcha se detuvo, en las puertas de la Universidad, ya que allí, otros cientos de personas esperaban la llegada para sumarse hacia el Obelisco. La Universidad estaba completamente cubierta por una pancarta rosada que llamaba a votar SI.

Pasadas las 21.00 horas, la cabeza llegó al Obelisco, en ese momento la cola de la movilización no había superado la calle Minas. Alrededor de 200 mil personas cubrían 18 de Julio, de un mar de banderas y globos rosados. Los jóvenes eran claramente mayoritarios y la consigna más cantada: “Se va a acabar, se va a acabar la impunidad en Uruguay”.

“Abracadabra compañeros”

En el Obelisco, desde una pantalla gigante se pudo ver el pronunciamiento de personalidades de la cultura nacional quienes grabaron un pequeño video, para apoyar la campaña por la anulación de la Ley de Caducidad.

La oratoria estuvo a cargo de la actriz Gabriela Iribarren y del periodista Gonzalo Delgado, quienes dieron paso a las palabras del reconocido escritor Eduardo Galeano.

“¡Qué poder de convocatoria tiene esa media docena!”, dijo Galeano aludiendo a las infelices declaraciones del candidato por el Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle.

“Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado’, bautizada con ese nombre rocambolesco por los especialistas en el arte de no llamar a las cosas por su nombre”, sostuvo el escritor.

Además indicó “el próximo 25 se va a someter a plebiscito la posibilidad de liberarnos de los palos metido en la rueda de la democracia. Uno de ellos es el que impide el voto por correo de los uruguayos que viven en el extranjero”.

Por último agregó “Abracadabra, que en hebreo significa ‘envía tu fuego hacia el final’, a modo de homenaje a todos los pueblos caminantes que van abriendo puertas por los caminos del mundo, yo la repito ahora: caminantes, portadores del fuego sagrado, ¡Abracadabra compañeros, abracadabra!”.

Por último, la coordinadora por la anulación de la ley de Caducidad, leyó su proclama en la que se denunció el origen nefasto de esta ley. “Decirle si a la memoria, como base sólida y necesaria para reafirmar de manera convincente y definitiva, nunca más dictadura, y nunca más terrorismo de Estado en Uruguay”.

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INVITACION A HOMENAJE A COMPAÑERA DESAPARECIDA POR TERRORISMO DE ESTADO, PERO VIVA EN NUESTRO CORAZON.

Posted by FUECYS LISTA 3 en 18 octubre, 2009

SUINAU ( Sindicato del INAU), invita con mucho gusto a todos los compañeros y ciudadanos a un homenaje que nuestro gremio y sus trabajadores le hará a la compañera María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, en la puerta del hogar Requena, pues ella con su ejemplo militante estuvo vinculada voluntariamente a dicho hogar, no por lazos formales, sino por lazos más profundos e indestructibles, pues provienen del corazón.

Dirección donde se realizará el homenaje : Hogar Requena. Requena 1212 y Charrúa

Fecha y hora : Miércoles 21 de octubre. 17 horas

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Por que no son solo memoria, son los que nos inspiran y nos dan fuerza para seguir pensando que un mundo mejor es posible.

Viven con nosotros, y nos llaman a redoblar por lograr verdad y justicia. Para ello solo hay un camino: el 25 de octubre poner en el sobre la papeleta rosada para anular la ley de caducidad, independientemente del voto partidario y convencer a los que aún están indecisos para que lo hagan!

A REDOBLAR COMPAÑEROS PARA ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD !

TODOS ELLOS VIVEN EN CADA COMPAÑERO QUE LUCHE POR UN MUNDO MEJOR !

María Emilia Islas nació en Montevideo el 18 de abril de 1953. Vivía en la zona del Cordón. Cuenta su madre, María Esther Gatti, que junto a otras compañeras los fines de semana visitaba a las niñas que vivían en el Hogar del ex Consejo del Niño en la calle Joaquín Requena 1212.

“Tal vez allí, reflexiona María Esther, nacieron sus ganas de cambiar el mundo.”

María Emilia convirtió esas ganas en hechos y compromisos junto a miles de uruguayos .María Emilia fue detenida en Argentina junto a su esposo Jorge Zaffaroni y su hija Mariana. Ellos estaban esperando sus segundo hijo. Eso no fue impedimento para que fueran llevados al centro de detención clandestino Automotores Orletti .

Mariana fue apropiada por los secuestradores.

La incansable lucha de su familia y de las organizaciones populares uruguayas recuperaron a Mariana.

María Emilia, Jorge y al menos 200 uruguayos más continúan desaparecidos y los culpables de estos crímenes siguen impunes.

MIERCOLES 21/10 – 17 horas

Los trabajadores de INAU homenajeamos su memoria en puerta del hogar Requena

Requena 1212 . Bienvenido todos !

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