FUECYS LISTA 3

Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios

Acto homenaje de la Huelga General en contra de la dictadura cívico – militar

Posted by FUECYS LISTA 3 en 27 junio, 2016

Acto homenaje hoy será en el exMercado Victoria recordando el inicio de la Huelga General en contra de la dictadura cívico – militar

En el marco de las actividades en conmemoración de los 50 años del Congreso de Unificación Sindical que dio paso a la fundación de la CNT, hoy lunes 27 de junio se realizará un acto en homenaje a la huelga general de 15 días llevada a cabo por la CNT en respuesta al golpe de estado militar.

El acto que originalmente se iba a desarrollar frente al local de la ex Federación del Vidrio, donde funcionó la dirección clandestina de la CNT durante la huelga, se trasladó al ex Mercado Victoria, en Carlos MarÍa Ramírez esq. Rivera Indarte, junto al Municipio A y a una cuadra de la Plaza Lafone. Será a las 12 horas y la oratoria estará a cargo del Secretario General del PIT CNT Marcelo Abdala y un miembro de la Comisión de Fundadores de la CNT. Por último actuará la Murga Diablos Verdes.

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nunca mas dictadura cívico militar, Nunca Mas Terrorismo de Estado

Posted by FUECYS LISTA 3 en 27 junio, 2016

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a 40 Años de su Secuestro la Embajada de Venezuela Invita a recordarla y continuar en la lucha por Verdad y Justicia

Posted by FUECYS LISTA 3 en 25 junio, 2016

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Invitamos a la Charla Plan Cóndor ayer, hoy, NUNCA MAS

Posted by FUECYS LISTA 3 en 25 junio, 2016

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Trabajadores de Tienda Inglesa en ASAMBLEA

Posted by FUECYS LISTA 3 en 25 junio, 2016

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Plan de trabajo periodo 2016 2018 Secretaría de DDHH

Posted by FUECYS LISTA 3 en 24 junio, 2016

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Secretaria de DDHH de  Fuecys

Plan de trabajo periodo 2016 2018

Por este medio informamos el plan de trabajo que tendrá la Secretaria de DDHH en el periodo planteado. La misma se dividirá en cuatro áreas:

  1. La constante reivindicación de la Memoria de los luchadores sociales torturados, asesinados, desaparecidos, militantes de nuestro movimiento sindical por parte de la dictadura cívica militar en el pasado reciente.

 

  1. La difusión de una historia viva que revindique el trabajo que se viene realizando por medio del PIT CNT y todas las organizaciones que se involucran en la búsqueda y rencuentro de compañeros desaparecidos que dejan de serlo.

 

  1. Trabajo y difusión, en conjunto con el Observatorio LUZ IBARBURU, de todos los procesos judiciales en búsqueda de la Verdad por más y mejor Justicia.

 

  1. La difusión y apoderamiento en una campaña de información y concientización de los derechos laborales y sociales, que lleve a un empoderamiento de las y los trabajadores para lograr más y mejor organización sindical y social.

 

Saluda fraternalmente

Raúl Ferrando

Secretario de DDHH 

 

 

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Todavía esperamos

Posted by FUECYS LISTA 3 en 24 junio, 2016

Pablo Chargoñia y Gilberto Rodríguez, ayer, en el Paraninfo de la Universidad. Foto: Pablo Vignali
Pablo Chargoñia y Gilberto Rodríguez, ayer, en el Paraninfo de la Universidad. Foto: Pablo Vignali

Todavía esperamos

Guianze dijo que hubo jueces y fiscales que “reafirmaron la impunidad” y jueza Mota criticó lentitud en el trámite de las causas”

Luego del reciente fallo de condena en Argentina por la coordinación represiva regional del Plan Cóndor, el Observatorio Luz Ibarburu del PIT-CNT y la Universidad de Oxford organizaron en la Facultad de Derecho las jornadas “La Operación Cóndor 40 años después: Las experiencias regionales en el Cono Sur y Brasil”. Ayer hubo un panel centrado en la situación en Argentina, otro que abordó la situación de Brasil y un tercero que se centró en los casos de Uruguay.

Los expositores coincidieron en la falta de una acción unificada y coherente del Estado para el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la última dictadura.

El fiscal Gilberto Rodríguez ocupa la Fiscalía Penal de 2° Turno, que tiene a su cargo cerca de 30 causas vinculadas a la dictadura, y forma parte de la unidad especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público. Consideró que hace falta “unidad de acción” en las fiscalías, que se definan “protocolos de actuación” y “tratar de unificar la información disgregada”, para de esa forma trazar “una línea de persecución unificada del Estado”.

Tanto Rodríguez como la jueza Mariana Mota, otra de los exponentes, coincidieron en que es necesario evitar la revictimización que a veces se da en este tipo de causas. “Tratar las causas disgregadamente revictimiza”, consideró Rodríguez. Mota señaló que es necesario permitir el acceso libre a los archivos en los diversos países y definir un protocolo de búsqueda y método común de archivo.

El fiscal se refirió a la visión “conservadora y clásica” de algunos jueces que entienden que la Constitución está por encima de los tratados internacionales, y sostuvo que estos acuerdos son parte del orden constitucional o incluso supraconstitucional. “Lo ideal sería poder entender que cuando el país ratifica un tratado internacional y reconoce la eficacia de sus resoluciones en el orden interno, hay que tratar de respetarlo” y que eso “sea una política general de Uruguay”, afirmó.

A su turno, la ex fiscal y actual integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) Mirtha Guianze cuestionó el “secretismo” del proceso judicial en Uruguay, y también la cobertura de los medios de comunicación sobre estos casos, que “en general se queda en la superficie, en la imagen de gente que entra y sale del juzgado”. “No se conoce el contenido de los hechos por los cuales fueron condenadas esas personas”, señaló.

Guianze consideró que no se ha sabido transmitir lo sucedido y que no se ha encontrado “la manera de llegar a la gente y de que los hechos que dieron mérito a las condenas sean conocidos, porque si no, las condenas no cumplen una función reparatoria”. La ex fiscal también cuestionó la actitud de algunos jueces y fiscales, que “respaldaron y reafirmaron esa impunidad”. Se lamentó de que a pesar de haberse logrado el procesamiento de mandos “no llegamos a los autores materiales”.

Mariana Mota coincidió en que el trabajo en esta materia “no ha sido fácil”, porque debieron actuar “en una sociedad que todavía no tiene conciencia del gravísimo daño que la dictadura hizo en el tejido social”. Cuestionó que se ponga la carga probatoria en la víctima, además de la “improcedente revictimización continua” y la “lentitud inconcebible en la tramitación de causas”. Dijo que no le parece válido esgrimir como excusa para la lentitud de los procesos el hecho de que los militares presentaron muchos recursos, y remarcó que cuando se presentan “recursos improcedentes”, deben “desestimarse sin más trámite”. “Y yo no asisto a esas actitudes en mis colegas”, agregó.

La última en exponer fue Lilián Celiberti, ex militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), a quien se presentó como “una sobreviviente del Plan Cóndor”. Afirmó que muchas veces “la impunidad se te enrostra”, y mencionó una recorrida de reconocimiento visual que realizó al ex centro de reclusión 300 Carlos. “Aquellas víctimas que fuimos delincuentes seguíamos siéndolo, sostuvo.

“No se resuelve con grupos ad hoc”

El abogado Pablo Chargoñia, coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, afirmó que es necesario que el Estado “se haga cargo de la persecución de los crímenes” y opinó que “está faltando la voluntad política”. “Esto no se resuelve con grupos ad hoc, con el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, cuyo aporte a las causas tampoco lo estamos viendo”, cuestionó. Chargoñia dio algunos datos sobre las causas judiciales vinculadas al Plan Cóndor en Uruguay. La mayor cantidad de víctimas en causas penales en las que se dictó auto de procesamiento o sentencia lo son de crímenes cometidos en el contexto del Plan Cóndor, y sobre todo en Argentina: 72 víctimas de un universo de 100. Entre ellos, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, María Claudia García de Gelman, 28 desaparecidos que estuvieron en Orletti, y 37 integrantes de los Grupos de Acción Unificadora y otros sectores secuestrados en 1977 y 1978. Chargoñia hizo notar que “todas las causas fueron iniciadas por familiares u organizaciones sociales, ninguna de ellas se originó en la decisión de oficio de ningún juez”. Se condenó a 14 represores, algunos de ellos en “condiciones de reclusión peculiares”, en referencia a la cárcel especial de Domingo Arena y a beneficios otorgados por los jueces, como la prisión domiciliaria.

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Marcas de la Memoria en Paysadú – 27/06‏

Posted by FUECYS LISTA 3 en 24 junio, 2016

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VACACIONES EN EL MUSEO DE LA MEMORIA

Posted by FUECYS LISTA 3 en 24 junio, 2016

Talleres de expresión

Edades: 6 a 12 años (los adultos pueden participar)

Duración: 1 hora.

Costo: $100 por participante.

El taller de Naturaleza se realizará el jueves 28 de junio y el viernes 1º de julio, y el de Historia Novelada el Sábado 2 de julio.

Taller de Naturaleza.

A partir del recorrido por los espacios verdes de la Ex Quinta de Santos, se invitará  a los participantes a apreciar, reconocer y recordar algunas de las especies de la flora allí presente (tanto exótica como nativa). La tallerista-guía brindará las herramientas  básicas de reconocimiento de especies, dando pautas claras, que permitan a los asistentes, mayor autonomía a la hora de realizar las tareas propuestas, además de invitar a reflexionar sobre la diversidad de las especies y la naturaleza.

Taller de Historia Novelada.

El taller consiste en la elaboración colectiva de un cuento que nos traslade a la época en que la Quinta de Máximo Santos fue construida y habitada por su familia. De la mano de la tallerista-guía, el cuento comienza a la entrada de la quinta con la presentación del personaje (a la que los participantes ayudan a vestir); se desarrolla por el resto del parque (donde los asistentes interpretan partes de la trama);  y culmina en la casona con un desenlace que invita a la reflexión.

-- 
mume.montevideo.gub.uy/

www.facebook.com/Centro-Cultural-Museo-de-la-Memoria

www.youtube.com/c/CentroCulturalMuseodelaMemoria

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TEXTO DEL PROYECTO DE LEY FONDO DE GARANTÍA DE LOS CRÉDITOS LABORALES EN CASOS DE INSOLVENCIA DEL EMPLEADOR.

Posted by FUECYS LISTA 3 en 24 junio, 2016

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PROYECTO DE LEY

FONDO DE GARANTÍA DE LOS CRÉDITOS LABORALES EN CASOS DE INSOLVENCIA DEL EMPLEADOR.

Artículo 1. (Creación) Créase un Fondo de Garantía de los créditos laborales ante la insolvencia de los empleadores, que será administrado por el Banco de Previsión Social.

Artículo 2. (Insolvencia patronal) A los efectos de la presente ley se configura la situación de insolvencia, independientemente de la existencia de pluralidad de acreedores, cuando empleador no puede cumplir con sus obligaciones.

Artículo 3. (Presunciones de insolvencia). El estado de insolvencia del empleador se presume en todos los casos previstos por los artículos 4º y 5º de la Ley Nº 18.387, de 23 de octubre de 2008.

También constituyen presunciones absolutas de insolvencias:

3.1. La no existencia de bienes suficiente del empleador para responder por las consecuencias patrimoniales de una sentencia de condena.

3.2. El cierre definitivo de la empresa, sin que hubieren bienes suficientes para satisfacer el pago de los créditos laborales.

3.3. Cuando hubiere fallecido el empleador y sus sucesores no continuaran en la actividad de la empresa, resultaran insolventes, no los hubiere, fueren desconocidos o se ignorase el domicilio o paradero, o vivieren fuera del país y no asumieren la obligación de pagar los créditos laborales.

3.4. Cuando el empleador haya hecho abandono del país o se desconociere su paradero, sin que haya dejado bienes suficientes para cancelar los créditos impagos.

Artículo 4. (Beneficiarios) Serán beneficiarios del presente régimen de garantía todos los trabajadores respecto de los créditos laborales originados en una relación de dependencia, sea con empleadores de la actividad privada o personas públicas no estatales.

En caso de fallecimiento del titular del crédito (trabajador), se considerarán beneficiarios los causahabientes conocidos, cónyuge o concubino. En caso de concurrencia de varios beneficiarios le corresponderá el 50 % del total a percibir al cónyuge o concubino; el 50 % restante se distribuirá por partes iguales entre los demás beneficiarios.

Artículo 5. (Exclusiones). No tendrán derecho a los beneficios establecidos en la presente ley los trabajadores vinculados al empleador por afinidad o consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, ni el personal de alta dirección.

Se considera personal de alta dirección a los directores, gerentes generales y todo aquél que tuviera facultades de decisión sobre cuestiones sustanciales de la actividad del empleador.

Tampoco tendrán derechos los trabajadores que hubiesen percibido sus créditos laborales mediante pago anticipado u optado por que se computen como aporte a la cooperativa de trabajo que se constituya con la totalidad o parte del personal de la empresa insolvente (art. 62 y 174.2 de la Ley No. 18.387).

Artículo 6. (Créditos garantizados) El Fondo garantizará el cobro de los siguientes créditos:

6.1. Sueldos o jornales generados en los seis meses inmediatos a la fecha de cese de pago o último salario abonado.

6.2. Licencias, salarios vacacionales y aguinaldos generados correspondientes a los dos últimos años previos a la fecha prevista en el numeral anterior.

6.3. Indemnización por despido común.

6.4. Multa del 10 % (art. 29 de la Ley No. 18.572, de 13/IX/2009) aplicada sobre los créditos mencionados en los numerales precedentes.

Artículo 7. (Límite máximo garantizado). Los créditos laborales se garantizarán hasta un monto máximo de UI 105.000 (ciento cinco mil unidades indexadas).

Artículo 8. (Financiación) El Fondo de Garantía de los créditos laborales se financiará con:

8.1. Una contribución especial por parte de todos los empleadores de la actividad privada y de las personas públicas no estatales, de hasta (0,5%) todos los rubros que constituyan materia gravada de cada uno de sus trabajadores, que se abonará conjuntamente con los restantes aportes de la seguridad social al organismo recaudador (Banco de Previsión Social), en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

8.2. Lo percibido por el Fondo en el ejercicio de sus potestades de subrogación.

8.3. Los intereses, rentas, colocaciones y demás resultados de las inversiones que la reglamentación o la ley autoricen al órgano administrador.

8.4. El importe de las multas, recargos y penas pecuniarias por violaciones a las disposiciones de la presente ley, que determine la reglamentación.

El Fondo de Garantía se administrará con completa autonomía respecto de los otros Fondos que existan en el Banco de Previsión Social.

Artículo 9. (Facultad del Poder Ejecutivo) El Poder Ejecutivo determinará el monto de la contribución al Fondo por parte de los empleadores obligados, con el límite máximo que impone el artículo 8.1. También tendrá facultades para, en forma fundada, elevar el límite previsto en el artículo 7º de acuerdo a la disponibilidad financiera del sistema.

Artículo 10. (Comisión Tripartita) Créase una Comisión Tripartita en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, integrada por dos delegados del sector empleador, dos delegados del sector trabajador y dos delegados del Poder Ejecutivo. Los delegados sectoriales serán designados por el Consejo Tripartito Superior.

Esta Comisión tendrá como cometido principal constatar la existencia de una situación de insolvencia empresarial y la deuda de los créditos laborales garantizados por la presente ley.

Verificados estos presupuestos, la Comisión ordenará al órgano administrador del Fondo (BPS) que proceda al pago de la suma garantizada. Las decisiones de la Comisión deberán ser fundadas, y podrán ser adoptadas por mayoría simple. En ningún caso podrá adoptarse resolución si no estuvieren representados por delegados presente los tres sectores.

La Comisión reglamentará su funcionamiento.

Artículo 11. (Procedimiento).

11.1. Configurada una situación de insolvencia, el beneficiario, por sí o por apoderado, se deberá presentar, por escrito y con firma letrada, ante la Comisión Tripartita instaurada en el artículo anterior solicitando el pago del crédito laboral adeudado y no prescripto.

11.2. El beneficiario deberá acreditar, en forma sumaria, la situación de insolvencia, la existencia y legitimidad del crédito laboral impago, debiendo acompañar los elementos probatorios en que funda su pretensión y justificar haber dado cumplimiento con lo dispuesto por el 3º de la ley 18.572, 13/IX/2009 (Conciliación previa ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

11.3. La Comisión mediante resolución fundada resolverá sobre la solicitud presentada disponiendo, según el caso, el pago de los importes de los créditos adeudados o el archivo de la solicitud por falta de mérito, dentro del plazo máximo de treinta días corridos a partir del siguiente a la fecha de recepción de la solicitud. La falta de pronunciamiento en el plazo antes previsto implicara la aceptación de la solicitud presentada en todos sus términos, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren caber.

11.4. Una vez comprobada la situación de insolvencia del empleador y la existencia del crédito laboral impago, la Comisión dictará una resolución y ordenará al Banco de Previsión Social que

proceda, en forma inmediata, al pago del mismo, indicando la suma líquida a pagar, nombre y datos del o los beneficiarios.

11.5. La Comisión solo podrá rechazar, en forma fundada y sin perjuicio, aquellas pretensiones que no reúnan los requerimientos exigidos por la presente ley. Las resoluciones de la Comisión únicamente serán susceptibles de recurso de reposición, los que deberán interponerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación. La comisión tendrá un plazo de quince días hábiles para expedirse.

La Comisión tendrá amplias facultades de investigación, pudiendo requerir información necesaria a los Tribunales competentes en materia de concursos, a la Liga de Defensa Comercial y demás organismos e instituciones públicas o privada; y para el caso de que no se pueda obtener información referente a la petición presentada podrá, previa vista a la Dirección General de Trabajo (DINATRA) y a la Inspección General del Trabajo, calificar por sí la existencia de una situación de insolvencia y de créditos laborales impagos.

Artículo 12. (Presunción de fraude) Si existiera presunción de fraude al Fondo, se remitirán las actuaciones a la Justicia Penal, quedando la solicitud suspendida y supeditada a sus resultas.

Artículo 13. (Créditos no garantizados) Los trabajadores podrán perseguir ante los tribunales competentes los créditos laborales no cubiertos por el Fondo.

Artículo 14. (Acción judicial) Independientemente de que se haya presentado solicitud de pago de créditos ante la Comisión Tripartita según el procedimiento previsto en el artículo 11, el trabajador en todo momento podrá iniciar acción judicial para la satisfacción de sus créditos.

Artículo 15. (Subrogación) El BPS se subrogará en los derechos y acciones de los trabajadores – beneficiarios amparados por esta garantía, por las cantidades efectivamente abonadas por el Fondo, las cuales serán actualizadas de conformidad con el decreto ley 14.500,

hasta el momento del cobro, conservando el mismo grado y prelación en los derechos y acciones de los trabajadores amparados.

A los efectos de lo previsto en la ley 18.387 el administrador del Fondo de Garantía será considerado acreedor laboral.

Artículo 16.(Acumulación) Las prestaciones previstas en la presente ley son acumulables a todas las demás prestaciones de la seguridad social.

Artículo 17. (Sanciones) El empleador que incumpla con la obligación prevista por el artículo 8.1 será sancionado con una multa equivalente al cien por ciento de lo que adeude por dicho concepto, actualizado en unidades indexadas.

El Banco de Previsión Social no expedirá certificado único del contribuyente ni certificados especiales a las empresas que no acrediten estar al día con obligación establecida en la presente ley.

Artículo 18. (Vigencia) La presente ley es de aplicación inmediata y garantizará los créditos que hubieren devenido exigibles a partir de los 180 días de entrada en vigencia.

Artículo 19. (Reglamentación) El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta días de su promulgación.

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