FUECYS LISTA 3

Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios

Tortura, discriminación, sueños rotos, muerte… vida

Posted by FUECYS LISTA 3 en 29 mayo, 2017

Tortura, discriminación, sueños rotos, muerte… vida

Tortura, discriminación, sueños rotos, muerte… vida

Cada rincón de la casa ubicada en Bulevar Artigas 1532, donde durante la dictadura cívico – militar funcionó uno de los centros de tortura, tiene una historia de sufrimiento, de angustia, de locura, de muerte y sueños rotos. Ahora la reforma que se le hizo muestra una luminosidad natural que invade la mayoría de los espacios; como si fuera un sinónimo de vida, de nunca más, de recuperación y confirmación de los valores humanos. Nada más y nada menos que eso. En esta casa hoy funciona la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh).

Juan Faropa, Director de la Inddhh, recibe al Portal en una oficina, donde en su tiempo ocupara el represor y torturador José “Nino” Gavazzo, para recorrer la edificación, contar que sucedió en cada rincón de la misma y hablar del trabajo que lleva adelante esta organización. Comienza recordando que Uruguay era el único país de América Latina y el Caribe que no tenía Defensoría del Pueblo. En 1985 se presenta un proyecto de ley que crea la Defensoría del Pueblo, en 2008 se aprueba otra ley y recién en 2012 se designan a los cinco directores actuales.

El hecho de que hoy la Institución esté funcionando en el antiguo centro de tortura es muy simbólico. Cuando la Corte Interamericana toma posición sobre el caso Gélman dispone que el Estado uruguayo tenía que darle a la Inddhh un inmueble emblemático. “Cuando accedimos a la misma estaba casi en ruinas, la parte eléctrica así como la sanitaria estaban en muy mal estado o no existían, la humedad había invadido la estructura y todo estaba lleno de hongos. Logramos que la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) recibiera los fondos que nos asignó el Poder Legislativo para refaccionar la casa, que ellos hicieran los pliegos y llamaran a licitación. Fue difícil. En ese tiempo se llamó a concurso e ingresaron los primeros funcionarios efectivos. El 9 de diciembre de 2016 comenzamos a trabajar en esta nueva casa”, informó Faropa.

Ahora los desafíos pasan por lograr el mejor funcionamiento de una oficina pública, como lo es el Inddhh, y llevarlo adelante en un edificio emblemático ya que se torturaron a presos clandestinos, muchos de los cuales continúan desaparecidos.

Faropa explicó que la Inddhh atiende las denuncias que personas de forma individual o colectivamente, así como organizaciones, la supuesta violación de un derecho. La institución lleva adelante una investigación y termina enviándole una recomendación al organismo denunciado. La ley establece que la denuncia debe hacerse dentro de los seis meses de ocurrido, excepto en caso de graves violaciones a los DD.HH.

Las denuncias más frecuentes que recibe la Inddhh se refieren a la discriminación por distintas causas y muchas se refieren a personas con discapacidad; por maltrato policial en casos cotidianos, como el verdugueo; y en los últimos años se han recibido dos casos serios de vulneración al derecho a la vida y que fueron víctimas del personal policial. En torno a este tema Faropa reconoció que la Inddhh sostiene que “no tenemos una policía que se pueda comparar con la maldita bonaerense Argentina de gatillo fácil y está claro que la política institucional no acepta el maltrato. De todos modos falta mucho en el trato con la gente y esto se puede corregir”, señaló el entrevistado.

Destacó Faropa que se han solucionado problemas como que se respete el horario de lactancia. “Parecen cosas mínimas pero son los casos que nos llegan. Lo cierto es que un signo de que hay un Estado de derecho es que las denuncias pasan por el maltrato policial en una detención, discriminación de todo tipo, etcétera. No digo que esté bien, lo que señalo es que ningún estado por más avanzado que sea está libre de no cumplir con algo. Hoy nos encontramos con que organismos del Estado no les estaban dando el horario de lactancia a sus empleadas o no tenían lugares adecuados. Lo cierto es que se ha solucionado. Existen muchos problemas con la población migrante, lo que ha crecido mucho. Por suerte no nos hemos encontrado con casos graves y pasan principalmente por un problema cultural”.

El Inddhh recibe unas 600 denuncias por año y ahora con la infraestructura montada apunta a difundir más su trabajo para llegarle a más personas e instituciones. Hace pocos días se le presentó al Inddhh un proyecto que se llama Cuidata y que se trata de un juego para gurises de las zonas más desfavorecidas del área metropolitana y que apunta a proteger la información privada de los jóvenes.

DD.HH en Uruguay

Faropa indicó que Uruguay en materia de DD.HH “no está mal. En los últimos 15 años ha cambiado su relación con los organismos de control de los DD.HH . Después que se inició el proceso de construcción democrática llevó a que el tema DD.HH se refiriera especialmente al pasado reciente y poco se tuviera en cuenta el resto de los derechos. Por esta razón existía un atraso muy grande en los informes que cada país debe brindar sobre esta materia a los organismos internacionales. A partir del 2005 la Cancillería se pone en contacto con estos organismos y se comienza a poner al día con los informes. En el último examen que se hace Uruguay recibió hace un par de años una serie de observaciones y se comprometió a solucionarlas. De todos modos se debe indicar que comparadas con los países de la región Uruguay no está en las peores condiciones”.

Reconoció el Director de la Inddhh que en materia de los derechos económicos y sociales se ha mejorado, pero falta. Ahora se incrementó el desempleo, lo que es un problema. De todos modos ha mejorado el ingreso y se ha disminuido la pobreza e indigencia. Sin embargo existe problema en el empleo juvenil. Pero el sistema de salud se ha ampliado. El país en esta materia ha avanzado. Lo que falta y preocupa es que en torno al pasado reciente queda mucho por hacer, si bien la institución no niega lo que se ha hecho.

Un poco de historia

Faropa explicó que las instituciones nacionales de DD.HH es un nombre genérico dado por Naciones Unidas a los institutos que en algunos casos, como el de los países nórdicos, tienen cientos de años de existencia y que funcionan como Defensor del Pueblo o también llamado Ombudsman. Por lo general estos organismos están, vinculado al Parlamento, pero no forma parte del mismo, y su cometido es garantizar a los ciudadanos del país el cumplimiento de sus derechos de forma rápida y mediante un procedimiento no tan formal como un proceso judicial.

Se supone que en un Estado de derecho si los derechos son vulnerados actúa el Poder Judicial. La función de la Institución no es judicializar los temas ni se busca quien tiene razón o si se debe condenar a alguien, no se buscan responsabilidades individuales. Lo que se debe establecer es si el Estado objetivamente cumplió o no cumplió con la obligación de garantizar ese derecho. Por lo que en materia de DD.HH la responsabilidad es institucional y el Estado es el responsable de lo que hizo o de lo que no hizo.

En 1985 se presentó un proyecto de Defensoría del Pueblo y el mismo no prosperó porque recién se recuperaba la democracia y estaba en ese momento el tema del pasado reciente y la defensa de los DD.HH violados sistemáticamente por la dictadura cívico – militar. En el Parlamento no habían muchos legisladores dispuestos crear un organismo de estas características. Recién en 2008, con al cambio de la relación de fuerza en el Poder Legislativo, se aprueba la ley y cuatro años después se nombra el primer consejo directivo del Instituto.

Faropa recordó que el primer desafío a superar fue crear una infraestructura mínima para poder funcionar. El 22 de junio de 2012 la Asamblea General nombra a los cinco directores y se comienza a funcionar en un pequeño despacho del edificio anexo del Palacio Legislativo. No existía difusión y los directores se encargaban de atender el teléfono y a la poca gente que se había enterado de que había creado esta institución. La falta de difusión formó parte de la política que se siguió por mucho tiempo ya que la falta de infraestructura no permitía actuar de la mejor manera posible, lo que dañaría a una institución que se estaba organizando con muy pocos elementos y sin un lugar físico acorde.

Más adelante se alquila de forma temporal una oficina en la Plaza Independencia.

Recursos

Los recursos de esta organización dependen de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo y eso está vinculado al presupuesto que se le otorgue. Esto no genera dependencia con el Poder Legislativo ni con ningún poder del Estado. La ley establece que la Institución es autónoma e independiente. Uruguay, a diferencia de otros países, la institución defensoría del pueblo es colegiada y está dirigida por cinco integrantes.

Faropa señaló que este sistema tiene “sus pro y sus contras. Una de las contras es que se demora más en tomar resoluciones y la ventaja esté en que no se concentran las decisiones en una sola persona”.

Para elegir a los directores, que duran cinco años si no son reelectos, el Poder Legislativo realiza una convocatoria para que las organizaciones sociales, los sindicatos y organizaciones de los DD.2HH presenten a sus candidatos. Por su parte el Parlamento crea una Comisión bicameral que será la encargada de llevar adelante una preselección de los candidatos y luego será la Asamblea General la que nombrará por mayoría especial los cinco directores.

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