FUECYS LISTA 3

Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY FONDO DE GARANTÍA DE LOS CRÉDITOS LABORALES EN CASOS DE INSOLVENCIA DEL EMPLEADOR.

Posted by FUECYS LISTA 3 en 24 junio, 2016

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PROYECTO DE LEY

FONDO DE GARANTÍA DE LOS CRÉDITOS LABORALES EN CASOS DE INSOLVENCIA DEL EMPLEADOR.

Artículo 1. (Creación) Créase un Fondo de Garantía de los créditos laborales ante la insolvencia de los empleadores, que será administrado por el Banco de Previsión Social.

Artículo 2. (Insolvencia patronal) A los efectos de la presente ley se configura la situación de insolvencia, independientemente de la existencia de pluralidad de acreedores, cuando empleador no puede cumplir con sus obligaciones.

Artículo 3. (Presunciones de insolvencia). El estado de insolvencia del empleador se presume en todos los casos previstos por los artículos 4º y 5º de la Ley Nº 18.387, de 23 de octubre de 2008.

También constituyen presunciones absolutas de insolvencias:

3.1. La no existencia de bienes suficiente del empleador para responder por las consecuencias patrimoniales de una sentencia de condena.

3.2. El cierre definitivo de la empresa, sin que hubieren bienes suficientes para satisfacer el pago de los créditos laborales.

3.3. Cuando hubiere fallecido el empleador y sus sucesores no continuaran en la actividad de la empresa, resultaran insolventes, no los hubiere, fueren desconocidos o se ignorase el domicilio o paradero, o vivieren fuera del país y no asumieren la obligación de pagar los créditos laborales.

3.4. Cuando el empleador haya hecho abandono del país o se desconociere su paradero, sin que haya dejado bienes suficientes para cancelar los créditos impagos.

Artículo 4. (Beneficiarios) Serán beneficiarios del presente régimen de garantía todos los trabajadores respecto de los créditos laborales originados en una relación de dependencia, sea con empleadores de la actividad privada o personas públicas no estatales.

En caso de fallecimiento del titular del crédito (trabajador), se considerarán beneficiarios los causahabientes conocidos, cónyuge o concubino. En caso de concurrencia de varios beneficiarios le corresponderá el 50 % del total a percibir al cónyuge o concubino; el 50 % restante se distribuirá por partes iguales entre los demás beneficiarios.

Artículo 5. (Exclusiones). No tendrán derecho a los beneficios establecidos en la presente ley los trabajadores vinculados al empleador por afinidad o consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, ni el personal de alta dirección.

Se considera personal de alta dirección a los directores, gerentes generales y todo aquél que tuviera facultades de decisión sobre cuestiones sustanciales de la actividad del empleador.

Tampoco tendrán derechos los trabajadores que hubiesen percibido sus créditos laborales mediante pago anticipado u optado por que se computen como aporte a la cooperativa de trabajo que se constituya con la totalidad o parte del personal de la empresa insolvente (art. 62 y 174.2 de la Ley No. 18.387).

Artículo 6. (Créditos garantizados) El Fondo garantizará el cobro de los siguientes créditos:

6.1. Sueldos o jornales generados en los seis meses inmediatos a la fecha de cese de pago o último salario abonado.

6.2. Licencias, salarios vacacionales y aguinaldos generados correspondientes a los dos últimos años previos a la fecha prevista en el numeral anterior.

6.3. Indemnización por despido común.

6.4. Multa del 10 % (art. 29 de la Ley No. 18.572, de 13/IX/2009) aplicada sobre los créditos mencionados en los numerales precedentes.

Artículo 7. (Límite máximo garantizado). Los créditos laborales se garantizarán hasta un monto máximo de UI 105.000 (ciento cinco mil unidades indexadas).

Artículo 8. (Financiación) El Fondo de Garantía de los créditos laborales se financiará con:

8.1. Una contribución especial por parte de todos los empleadores de la actividad privada y de las personas públicas no estatales, de hasta (0,5%) todos los rubros que constituyan materia gravada de cada uno de sus trabajadores, que se abonará conjuntamente con los restantes aportes de la seguridad social al organismo recaudador (Banco de Previsión Social), en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

8.2. Lo percibido por el Fondo en el ejercicio de sus potestades de subrogación.

8.3. Los intereses, rentas, colocaciones y demás resultados de las inversiones que la reglamentación o la ley autoricen al órgano administrador.

8.4. El importe de las multas, recargos y penas pecuniarias por violaciones a las disposiciones de la presente ley, que determine la reglamentación.

El Fondo de Garantía se administrará con completa autonomía respecto de los otros Fondos que existan en el Banco de Previsión Social.

Artículo 9. (Facultad del Poder Ejecutivo) El Poder Ejecutivo determinará el monto de la contribución al Fondo por parte de los empleadores obligados, con el límite máximo que impone el artículo 8.1. También tendrá facultades para, en forma fundada, elevar el límite previsto en el artículo 7º de acuerdo a la disponibilidad financiera del sistema.

Artículo 10. (Comisión Tripartita) Créase una Comisión Tripartita en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, integrada por dos delegados del sector empleador, dos delegados del sector trabajador y dos delegados del Poder Ejecutivo. Los delegados sectoriales serán designados por el Consejo Tripartito Superior.

Esta Comisión tendrá como cometido principal constatar la existencia de una situación de insolvencia empresarial y la deuda de los créditos laborales garantizados por la presente ley.

Verificados estos presupuestos, la Comisión ordenará al órgano administrador del Fondo (BPS) que proceda al pago de la suma garantizada. Las decisiones de la Comisión deberán ser fundadas, y podrán ser adoptadas por mayoría simple. En ningún caso podrá adoptarse resolución si no estuvieren representados por delegados presente los tres sectores.

La Comisión reglamentará su funcionamiento.

Artículo 11. (Procedimiento).

11.1. Configurada una situación de insolvencia, el beneficiario, por sí o por apoderado, se deberá presentar, por escrito y con firma letrada, ante la Comisión Tripartita instaurada en el artículo anterior solicitando el pago del crédito laboral adeudado y no prescripto.

11.2. El beneficiario deberá acreditar, en forma sumaria, la situación de insolvencia, la existencia y legitimidad del crédito laboral impago, debiendo acompañar los elementos probatorios en que funda su pretensión y justificar haber dado cumplimiento con lo dispuesto por el 3º de la ley 18.572, 13/IX/2009 (Conciliación previa ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

11.3. La Comisión mediante resolución fundada resolverá sobre la solicitud presentada disponiendo, según el caso, el pago de los importes de los créditos adeudados o el archivo de la solicitud por falta de mérito, dentro del plazo máximo de treinta días corridos a partir del siguiente a la fecha de recepción de la solicitud. La falta de pronunciamiento en el plazo antes previsto implicara la aceptación de la solicitud presentada en todos sus términos, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren caber.

11.4. Una vez comprobada la situación de insolvencia del empleador y la existencia del crédito laboral impago, la Comisión dictará una resolución y ordenará al Banco de Previsión Social que

proceda, en forma inmediata, al pago del mismo, indicando la suma líquida a pagar, nombre y datos del o los beneficiarios.

11.5. La Comisión solo podrá rechazar, en forma fundada y sin perjuicio, aquellas pretensiones que no reúnan los requerimientos exigidos por la presente ley. Las resoluciones de la Comisión únicamente serán susceptibles de recurso de reposición, los que deberán interponerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación. La comisión tendrá un plazo de quince días hábiles para expedirse.

La Comisión tendrá amplias facultades de investigación, pudiendo requerir información necesaria a los Tribunales competentes en materia de concursos, a la Liga de Defensa Comercial y demás organismos e instituciones públicas o privada; y para el caso de que no se pueda obtener información referente a la petición presentada podrá, previa vista a la Dirección General de Trabajo (DINATRA) y a la Inspección General del Trabajo, calificar por sí la existencia de una situación de insolvencia y de créditos laborales impagos.

Artículo 12. (Presunción de fraude) Si existiera presunción de fraude al Fondo, se remitirán las actuaciones a la Justicia Penal, quedando la solicitud suspendida y supeditada a sus resultas.

Artículo 13. (Créditos no garantizados) Los trabajadores podrán perseguir ante los tribunales competentes los créditos laborales no cubiertos por el Fondo.

Artículo 14. (Acción judicial) Independientemente de que se haya presentado solicitud de pago de créditos ante la Comisión Tripartita según el procedimiento previsto en el artículo 11, el trabajador en todo momento podrá iniciar acción judicial para la satisfacción de sus créditos.

Artículo 15. (Subrogación) El BPS se subrogará en los derechos y acciones de los trabajadores – beneficiarios amparados por esta garantía, por las cantidades efectivamente abonadas por el Fondo, las cuales serán actualizadas de conformidad con el decreto ley 14.500,

hasta el momento del cobro, conservando el mismo grado y prelación en los derechos y acciones de los trabajadores amparados.

A los efectos de lo previsto en la ley 18.387 el administrador del Fondo de Garantía será considerado acreedor laboral.

Artículo 16.(Acumulación) Las prestaciones previstas en la presente ley son acumulables a todas las demás prestaciones de la seguridad social.

Artículo 17. (Sanciones) El empleador que incumpla con la obligación prevista por el artículo 8.1 será sancionado con una multa equivalente al cien por ciento de lo que adeude por dicho concepto, actualizado en unidades indexadas.

El Banco de Previsión Social no expedirá certificado único del contribuyente ni certificados especiales a las empresas que no acrediten estar al día con obligación establecida en la presente ley.

Artículo 18. (Vigencia) La presente ley es de aplicación inmediata y garantizará los créditos que hubieren devenido exigibles a partir de los 180 días de entrada en vigencia.

Artículo 19. (Reglamentación) El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta días de su promulgación.

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