FUECYS LISTA 3

Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios

Para nosotros es muy importante que haya una regulación en lo que refiere a los correos privados.

Posted by FUECYS LISTA 3 en 5 julio, 2012

-En nombre de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado damos la bienvenida a la delegación del Sindicato Único de Correos Privados.

Como ustedes saben, hoy comenzamos a tratar el articulado del proyecto de ley y con mucho gusto escucharemos su opinión al respecto .

SEÑOR FUENTES.- Mi nombre es Ismael Fuentes y soy Presidente de la FUECYS e integrante del Secretariado Ejecutivo de la central de trabajadores.

Para nosotros es muy importante que haya una regulación en lo que refiere a los correos privados. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los trabajadores sufrimos mucho la ausencia de regulación. Este hecho genera informalidad y trae como consecuencia que un conjunto de trabajadores presten el servicio en negro. A su vez, desde el punto de vista de los trabajadores, lleva a la ausencia de beneficios tales como el derecho a la jubilación o el acceso a DISSE, entre otros. En cuanto al mercado, genera diferencias salariales y de competencia entre las empresas, lo que muchas veces termina repercutiendo en los trabajadores formales en lo que refiere a la fuente de trabajo.  Por lo tanto, quiero subrayar que para nosotros es muy importante que nuestra actividad se regule. Hace mucho tiempo que estamos golpeando  puertas en distintos lugares para lograrlo. Es más, días atrás, junto con compañeros del correo -inclusive, con el Secretariado del PIT-CNT y la Secretaría de la Presidencia-  tratamos de dar impulso a este tema en función de que  esto es algo que necesitamos, no para hoy, sino  para ayer. Nos parece importante remarcar esta situación y agradecemos a los señores Senadores por habernos recibido, porque  creemos que estas cosas hacen mucho al funcionamiento del país.  Más adelante mis compañeros hablarán del tema específico, no obstante lo cual, como integrante del PIT-CNT y Presidente de la FUECYS, queremos manifestar nuestro agrado por el hecho de que este proyecto de ley pueda ser aprobado y regule este mercado.

SEÑOR BUSTAMANTE.- Integro la Dirección del Sindicato Único de Correos Privados y voy a tratar de ser breve, porque suscribo prácticamente todo lo que ha manifestado el señor Fuentes.

Debido a la preocupación que tenemos nos gustaría hacer algunas puntualizaciones. Estamos un poco molestos, no por el contenido de la ley, sino por la forma en que se elaboró: no se nos tuvo  en cuenta. Según los datos de la URSEC, el 52% de la actividad postal es privada y para nosotros eso no es menor. Golpeamos puertas pero no se abrieron o no se nos dio la debida importancia. Dada la trascendencia del tema, entonces, queremos hacer un breve relato.

A partir del 2005, cuando se formaron los Consejos de Salarios, comenzamos a hincar el diente a este tema, que es muy profundo. Con los Consejos de Salarios tratamos de regular el mercado, particularmente en un sector de actividad en el que un porcentaje enorme de la parte patronal camina por un sendero que está en el límite entre lo formal y lo informal. Mantuvimos reuniones en la Ursec, en la Inspección de Trabajo y en la Dinatra infinidad de veces. En esos ámbitos hicimos unos cuantos aportes y hoy por hoy nos congratula ver que están reflejados en el proyecto de ley. Por supuesto que aquí no venimos a reclamar derechos de autor -eso es un tema de AGADU-, pero sí nos sentimos con la autoridad moral como para pedir que esta iniciativa sea aprobada. Si es así, tanto el Correo Uruguayo como los privados podremos competir -esto lo venimos diciendo desde 2005- de una forma más sana, leal, legal y que sirva para todos los trabajadores de este rubro.

Agradecemos entonces que nos reciban y nos escuchen.

SEÑOR CAÑETE.- Soy integrante del Sindicato Único de Trabajadores de Correos Privados y Afines y dirigente nacional de FUECYS.

Hemos tomado contacto con el texto del proyecto de ley desde que  ingresó a esta Comisión, lo cual agradecemos porque antes no estábamos enterados ni pudimos participar en su consideración. Recién en el día de ayer nos reunimos con alguien que participó de su redacción, le hicimos preguntas y también cuestionamientos sobre algunas partes que pensamos deberían cambiarse, sobre lo cual tomó nota.

Básicamente, estamos cien por ciento de acuerdo con los aspectos generales de la iniciativa. El primer objetivo refiere a una parte del Correo Uruguayo que genera cierto déficit y las reglas de juego establecidas en el proyecto de ley hacen que se formalice el sector privado que, como ustedes saben, está socavado cada vez más por la  informalidad. Para poner un ejemplo concreto, puedo mencionar que hay un sindicato de base nuestro que está un 25% por encima del laudo y que este año tuvo que acordar una rebaja salarial para mantener un cliente que si no se iba a una empresa informal. O sea, acá hay una doble responsabilidad: la de las empresas que venden servicios y la de las empresas que los compran. En realidad, muchas de las que compran son los grandes clientes, como bancos y financieras, que muchas veces sacan rédito de la informalidad. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los bancos y la comisión de bancarización, la tarjeta para los cajeros automáticos sirve para la formalidad de ellos, pero cuando expiden el estado de cuenta lo reparten a través de una empresa claramente informal, debido a los precios que cotiza. Incluso, se hacen cotizaciones por Internet a la baja  y hasta se termina haciendo un remate que ni siquiera cubre los costos, situación de la cual todo el mundo se da cuenta.

Algunos párrafos de este proyecto de ley abordan la parte de la responsabilidad de los usuarios. En este punto hemos solicitado un cambio al redactor del proyecto en el sentido de cambiar la palabra “subsidiaria” por “solidaria”, pues los usuarios que contratan este tipo de servicio deben ser solidarios en virtud de que son responsables directos de la situación del mercado. En realidad, por ahorrar en un mes US$ 5.000 o US$ 10.000 se genera todo un estado de informalidad. El colmo son las AFAP, empresas que manejan fondos previsionales, pero que contratan servicios que no hacen los aportes previsionales correspondientes. O sea, hay circunstancias muy contradictorias. Por tanto, esta ley -y cómo se articule en la realidad- podrá resolver los problemas de financiamiento del Correo Uruguayo -ese es el primer objetivo- y  la informalidad del sector. Se necesita que se inspeccione que las declaraciones juradas que realizan las empresas de los aportes por la tasa postal sean reales y no ficticias, como sucede hoy. Se necesita, también, una inspección de calle que determine en qué condiciones está el trabajador y si figura en la plantilla de trabajo de esa empresa. Estas son las condiciones básicas e indispensables para que en la realidad se aplique la ley; de lo contrario, continuamos en la situación actual: la empresa hace que paga y el trabajador cobra lo que supuestamente debe cobrar sin que exista forma alguna de entrecruzar  información.

Podemos decir que nos encontramos en condiciones de cambiar esta situación en beneficio de los trabajadores, pues aunque es obvio que habrá trabajadores que tendrán que realizar aportes previsionales como corresponde y que se puede perder algún puesto de trabajo informal, se ganarán puestos de trabajo consolidados y formales.

Queda bien claro que el Correo Uruguayo es necesario e imprescindible porque llega a todas partes. Pero hay un sector privado sobre el que  los trabajadores elaboramos un escrito, que fue enviado a la Comisión, porque pretendemos defender nuestros puestos de trabajo y consolidarlos. La idea es que exista una parte pública y otra privada bien reglamentadas, y que tanto los trabajadores públicos como los privados tengan las condiciones de trabajo y de legalidad que corresponden al tiempo histórico en que vivimos.

Es cuanto quería expresar.

SEÑORA DALMÁS.-  Quería preguntar a los invitados si han elaborado y nos pueden sugerir alguna propuesta de modificación al texto del proyecto de ley.

SEÑOR CAÑETE.- Nos gustaría hacer referencia a algunos aspectos que consideramos importantes.

El primero de ellos tiene que ver con las definiciones. Nosotros establecimos que la correspondencia postal se define por su peso; es decir, definimos el concepto de qué es postal. A modo de ejemplo, hay objetos que están por encima de los 20 kilos que claramente entran en la categoría de postal,  mientras otros, que están por debajo de ese peso, no lo son. Entonces, cuando se toma en cuenta este concepto según el peso, puede ocurrir que dejemos una caja de archivo de 30 kilos fuera de lo postal. Actualmente, muchas empresas de correo hacen servicio de cadetería, incluso, de farmacias, porque un medicamento, al estar dentro del peso establecido, podría ser considerado un envío postal. Es decir que el hecho de definir lo postal simplemente por el peso hace que algunos objetos que no debieran ser carga estén incluidos, tal como lo están otros que son considerados un envío postal por estar por encima de los 20 kilos.

Otro de los aspectos al que queremos hacer referencia tiene que ver con el artículo 7 relativo a la responsabilidad subsidiaria. En virtud de lo dispuesto por este artículo con respecto a “Los Usuarios que de mala fe contraten servicios postales”, realizamos una consulta porque no entendíamos cómo se calibraba la “mala fe”. Se nos explicó que era para aquellas empresas que tienen pocos envíos y que se encuentran bajo ciertas circunstancias. Concretamente el artículo dice: “Los Usuarios que de mala fe contraten servicios postales a operadores no registrados, que incumplan las disposiciones de la presente Ley o actúen de manera informal, serán subsidiariamente responsables”, y continúa. A nuestro juicio debería decir que “serán solidariamente responsables”. A modo de ejemplo, hace una hora me encontré con un trabajador que hace un año y medio está tratando de cobrar lo que le quedó debiendo una empresa que cerró; incluso está tratando de cobrarle a quienes contrataban ese servicio. Si se aceptara esta propuesta, creo que antes de llegar a un juicio laboral las empresas se cuidarían bien al contratar el servicio, porque serían responsables, a todas luces, de la realidad del mercado. En los hechos es tan responsable el que vende el servicio como quien lo contrata.

Voy a ser reiterativo, pero también hicimos hincapié -y nos explicaron que eso depende de la articulación- en la inspección no solo en la empresa, para certificar que las declaraciones juradas sean las reales, sino también en la calle. Esto existía cuando el Correo Uruguayo era juez y parte, antes de que se creara la Ursec. En ese entonces se encontraba al cartero y se controlaba que estuviera identificado y vestido como corresponde, lo que muchas veces no ocurre hoy en día. Yo, por ejemplo, a diferencia de mis compañeros, no soy cartero y no puedo mandar a un familiar a trabajar por mí, pero en la calle muchas veces se terceriza, no por la empresa, sino por la misma persona que desempeña el cargo. Y esta medida se podría aplicar no solamente para los trabajadores de los operadores privados, sino para las personas jurídicas como las empresas estatales. De esta manera, el que ocupa el cargo es quien debe desempeñar la tarea; de lo contrario, seguiremos siendo rehenes de la circunstancia de que en la calle pasa cualquier cosa. Si un trabajador manda a un familiar y lo encuentran, será sancionado el Ente o el operador privado postal; después el trabajador será sancionado por la empresa. Pero, evidentemente, estas situaciones se tendrían que cortar. Además, esto debería aplicarse no solamente en Montevideo sino también en el interior, donde la informalidad es más grande porque, como resultado de la familiaridad y del micromundo que es una localidad del interior, estas circunstancias son aún peores.

SEÑOR BUSTAMENTE.- También hicimos hincapié en la facultad inspectiva. Nosotros le planteamos al ingeniero de Cola, con quien estuvimos conversando en el día de ayer, que a nuestro modesto entender quizás la DGI -ya que en una parte del proyecto se habla de que va a estar todo interrelacionado-, como tiene un cuerpo inspectivo preparado, podría ser más útil que la propia Ursec. En todos estos años, por diferentes motivos, la Ursec no ha constituido un cuerpo inspectivo, de manera que tendría que prepararlo y no sé si le otorgarían esas facultades.

SEÑOR CAÑETE.- Por último, una duda que planteamos en el día de ayer está vinculada al punto que hace posible que un proveedor utilice a otra empresa para los envíos. Concretamente, ese artículo dice que si no se ponen de acuerdo los operadores, la Ursec interviene y fija el precio. Lo que se nos aclaró fue que ese artículo también se aplica al Correo Uruguayo, porque como la norma estaba incluida en un artículo que habla de los operadores privados, no quedaba claro. De manera que si alguien quiere enviar por el correo nacional y no hay acuerdo, la Ursec laudará.

SEÑOR FUENTES.- Nosotros le planteamos a la Secretaría de la Presidencia en su momento que en el control de la aplicación de la ley podrían generarse algunas dificultades, dada la situación que tiene la Inspección General del Trabajo y teniendo en cuenta que muchas veces es difícil en la calle visualizar quién está ejecutando una tarea de correo privado, porque nadie anda con un cartel. Se  debería encontrar alguna forma que nos permitiera controlar esta situación. Si vamos a los lugares de trabajo, lo más probable es que no nos encontremos con nadie, porque este es un sector que claramente trabaja en la calle. Nos parece importante plantear este tema para tomar las precauciones del caso.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Conversaron sobre estos puntos con el Director Nacional de Telecomunicaciones? ¿Hubo algún acuerdo? Insisto, con respecto al cuerpo inspectivo, a la responsabilidad solidaria y a la subsidiaria y en cuanto a los 20 kilos, ¿hablaron con el señor Sergio de Cola, Director Nacional de Telecomunicaciones?

SEÑOR BUSTAMENTE.- Con algunas cosas estuvo de acuerdo. Con respecto a otros temas dijo que iba a asesorarse porque no era solo él, sino que había técnicos que lo asesoraban.

En cuanto a la palabra “solidario” manifestó que lo tendría que hablar con un abogado. En ese sentido le remarcamos que como nosotros no somos profesionales, quien nos asesoró fue el abogado de la Federación, porque de esta forma se está  salteando un paso importante en relación con la posibilidad de hacerle un juicio a un proveedor. Hemos tenido problemas en lo que hace a la aplicación de la Ley de Tercerizaciones. En cambio, de esta manera se allana el camino  y el juicio se hace bastante más rápido. Pero según lo que se dice acá, “A” contrata a “B”, le hacemos el juicio a “B” y si este no paga tenemos que ir a “A”, mientras que de esta forma, inmediatamente -según explicaba el doctor- se cita a “A” y a “B” y uno de ellos tendrá que pagar los créditos sociales del trabajado

 

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