FUECYS LISTA 3

Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios

Archive for 23/05/10

Boletín 15 al 21 de mayo

Posted by FUECYS LISTA 3 en 23 mayo, 2010

POR VERDAD Y JUSTICIA

Marchando en silencio por la Avda 18 de Julio hasta la Plaza Libertad miles de personas expresaron nuevamente este 20 de mayo la renovación del compromiso de luchar por la verdad, la justicia y para que nunca más haya terrorismo de estado en nuestro país. Participaron en la Marcha, el Presidente de la República, José Mujica y otras autoridades gubernamentales.

El día anterior, por primera vez el Poder Ejecutivo le brindó la cadena nacional por radio y televisión a la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

La Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad que convocó a la ciudadanía a sumarse a la 15ª Marcha del Silencio, señaló en su convocatoria que “terminado el ciclo electoral es ahora tiempo de reflexionar sobre los caminos a seguir para avanzar en la verdad y en la justicia por los crímenes cometidos por la dictadura.  Durante el anterior gobierno se esgrimieron los compromisos preelectorales del 2004 como obstáculo para la anulación parlamentaria de dicha ley. Sin embargo para las actuales autoridades, tanto en la campaña electoral como en el programa de gobierno que la ciudadanía votó mayoritariamente, la anulación de la Ley de Caducidad fue asumida como compromiso por el Frente Amplio así como por algunos sectores de los partidos de oposición. El Frente Amplio tiene los votos necesarios en ambas Cámaras y además se comprometió con la ciudadanía a anular la Ley de Caducidad.

Recordó además que “los Organismos Internacionales  reclaman su anulación y los tres Poderes del Estado se manifestaron expresamente por la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. Es tiempo que se cumplan los compromisos preelectorales, que se cumplan con los Acuerdos Internacionales ratificados por nuestro País y que el Parlamento asuma su responsabilidad para terminar de una vez con dicha Ley”.

PIT CNT CONVOCA PARO PARCIAL EN APOYO A LOS CONSEJOS DE SALARIOS

El PIT-CNT resolvió un paro general parcial para el 10 de junio en todo el país de 9 a 13 horas. El objetivo es respaldar la instalación de los Consejos de Salarios y a los representantes de los trabajadores que participarán en la negociación colectiva.

Ejes centrales de los planteos que serán presentados por el PIT CNT son el aumento del salario mínimo nacional y que el crecimiento de los salarios acompañe y refleje el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) orientado a la redistribución de la riqueza.

El 26 de mayo se reunirá la Mesa Representativa y se discutirán los detalles del paro mientras que el 2 de junio habrá un encuentro entre los negociadores de los sindicatos en los Consejos de Salarios para delinear las posiciones en la negociación colectiva.

CONVOCAN AL CONSEJO SUPERIOR TRIPARTITO

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocó para el próximo viernes 28 de mayo al Consejo Superior Tripartito del sector privado con la finalidad de iniciar la discusión referida tanto a las nuevas franjas salariales como a los incrementos futuros.

El Ministro de Trabajo Eduardo Brenta se refirió a los nuevos temas que deberían integrarse en la agenda de negociación colectiva, más allá de los salariales y que tengan como objetivo la mejora de la calidad de trabajo, pero que, además, son de interés de ambas partes.
Luego de que se arribe a los primeros acuerdos se pasará al segundo escalón que es la negociación por rama de actividad.

Brenta señaló la necesidad de apuntar a la capacitación y formación profesional, así como también a recurrir a herramientas como los Fondos de Capacitación Sectorial y continuar promoviendo programas como Uruguay Estudia.

En este marco el Ministro de Trabajo planteó que se puede analizar la posibilidad de formación en la propia jornada de trabajo y la adaptación de la jornada de trabajo para promover el estudio, entre otras modalidades.

Se refirió a la posibilidad de establecer el certificado de profesionalidad y creación de un catálogo nacional de calificaciones. Asimismo, promover acciones hacia sectores más vulnerables como por ejemplo, la extensión del régimen de subsidio por maternidad, inserción de la mujer en el mercado de trabajo, creación del sistema nacional de cuidado de niños y facilitar el ingreso de jóvenes al mercado laboral.

PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y EL ACOSO SEXUAL

La denuncia y necesidad de tomar medidas para combatir la violencia doméstica constituyó uno de los temas centrales de la oratoria del PIT CNT el 1º de Mayo. En ese marco, el Departamento de Género y Equidad del PIT CNT elaboró un protocolo sobre violencia doméstica y acoso sexual para sancionar a los trabajadores que cometan estos actos.

El protocolo propone, entre otros aspectos, la conformación de una comisión dentro de la central sindical, de Género y Equidad, para víctimas de violencia doméstica, pero también en casos de acoso sexual en el trabajo.

El proyecto incluye la creación de zonas de apoyo y contención para la víctima y para el acusado. Buscando que el agresor deje de tener conductas violentas y que las mujeres puedan ser asistidas y apoyadas. El protocolo implica la protección de las denunciantes sobre todo cuando no tienen sustento económico.

Luego de aprobado por la Mesa Representativa, comenzará una campaña hacia la interna de los sindicatos para promover esta iniciativa. La Ley Nº 18.561 en su artículo 10 le otorga competencia a los sindicatos para tomar medidas. “Cuando los sindicatos reciban denuncias de acoso sexual estarán facultados para concurrir ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social”, indica la norma. Incluso puede solicitar una inspección en el lugar de trabajo.

DENUNCIAS DE TORTURAS EN ACTAS HALLADAS EN EL ARCHIVO DE VASCONCELLOS

El hijo del extinto senador colorado Amilcar Vasconcellos lanzó una re-edición del libro “Febrero Amargo”. El mismo recopila la actividad parlamentaria de su padre en los meses previos al golpe de Estado, pero incorpora un material inédito: las actas de la Justicia Civil en las que se denuncian las torturas a funcionarios de la Intendencia Municipal de Paysandú en una unidad militar.

El 20 de junio de 1973 el hoy extinto senador colorado Amilcar Vasconcellos denunciaba en el Senado de la República la práctica de torturas, en una recordada sesión parlamentaria, tras la cual se conformó una Comisión Investigadora, cuya fecha de inicio se fijó para el 3 de julio de ese año.

Sin embargo, la madrugada del 27 de junio de 1973 los mandos militares de la época ingresaron al Palacio Legislativo y concretaron el anunciado golpe de Estado, encabezado por la cúpula castrense, con el respaldo del entonces presidente de la República, Juan María Bordaberry.

La Comisión Investigadora quedó trunca, pero las actas judiciales fueron celosamente guardadas por Vasconcellos. Treinta y siete años después, su hijo homónimo las encontró dentro del acervo documental de su padre y decidió su publicación, mediante la re-edición del libro “Febrero Amargo”, donde se recopila la actuación parlamentaria y política de Vasconcellos desde febrero de 1973 hasta la última sesión de la Cámara de Senadores, la noche del 26 de junio de 1973.

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COYUNTURA

El próximo martes 1º de junio, a las 19 horas, se realizará la presentación del Informe de Coyuntura del Instituto Cuesta Duarte, en el local del PIT-CNT (Juan D. Jackson nº 1283).

La misma se realizará por el Equipo de Investigación del Instituto y posteriormente se realizarán comentarios por parte del Ministro de Salud Pública Daniel Olesker y el Econ. Rodrigo Arim.

Fuente: La República

boletín de noticias de http://www.cuestaduarte.org.uy/portal

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La Ley de Caducidad es inconstitucional

Posted by FUECYS LISTA 3 en 23 mayo, 2010

Fuente: La Republica

RAFAEL MICHELINI (*)

En 1803, el juez estadounidense John Marshall (1755 1835) dictó una de las sentencias más reconocidas, por ser la primera que abordó el tema de la inconstitucionalidad de una ley. Esta decisión, dictada en relación al caso “Marbury vs. Madison”, se convirtió luego por su peso conceptual en una sentencia histórica, un verdadero punto de referencia para la historia de EEUU y para el mundo entero.

Siempre he afirmado que la Ley Nº 15.848, conocida como Ley de Caducidad, es inconstitucional. Siempre me he preguntado por qué la Suprema Corte de Justicia del Uruguay en su momento no actuó en consecuencia y la declaró inconstitucional de plano. Sigo sin encontrar la explicación, pues su inconstitucionalidad es flagrante.

La Ley de Caducidad violenta nuestra Constitución de diferentes formas y desde distintas dimensiones y no debieron cerrar los ojos ante ese hecho. Violenta el principio de separación de poderes, desconoce el capítulo de derechos, deberes y garantías, cercena capacidades del Poder Judicial a la hora de administrar justicia. Todo esto ocurrió, en nuestro país, más de 180 años después de dictada la primera sentencia de inconstitucionalidad.

La referencia a Marshall no es caprichosa. Frente al conflicto entre la Constitución y la Ley, razonaba con claridad: ” Entre estas alternativas no hay término medio. La Constitución es, o bien una ley suprema, inmodificable por medios ordinarios, o está en el mismo nivel que los actos legislativos ordinarios, y como las otras leyes, es modificable cuando la Legislatura quiera modificarla”. Más adelante agregaba : “si un acto de la Legislatura repugnante a la Constitución es inválido; ¿a pesar de su invalidez, compromete a los tribunales y los obliga a darle su efecto?”. Es obvio que no. La sentencia de Marshall sentó entonces un precedente fundamental: la Justicia debe remitirse siempre a la norma superior y aplicarla, desconociendo la norma de menor jerarquía, cuando ambas están en conflicto.

La Ley de Caducidad es inconstitucional, afirmó con propiedad el doctor García Otero, integrante en su momento de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay. Y lo hizo en forma elocuente: “Las normas contenidas en los artículos 1°, 3° y 4° de la ley 15.848, no sólo son inconstitucionales sino que lo son voluntariamente”. Expresa claramente, que la Ley vulnera los artículos 4° y 82° de la Constitución uruguaya, que determinan dónde radica y quién ejerce la soberanía de la Nación, y que por lo tanto, no pueden ser jamás violentados, por “lógica de los hechos”“acuerdo político” alguno.

Por si no bastara, García Otero agregó que la Ley de Caducidad desconoce el principio de separación de poderes y vulnera el artículo 233 de la Constitución, donde se consagra la autonomía y la competencia de impartir justicia. Así también vulnera el artículo 253, en el cual se expresa que, los delitos cometidos por los militares, en tiempos de paz, deberán ser juzgados por la Justicia ordinaria, sin que se establezca tratamiento preferencial alguno para los uniformados que cometieren delito.

Por todo esto, la Ley debió declararse inconstitucional. Sin embargo no fue así, está pendiente y mientras no se repare, seguirá afectando nuestro ordenamiento jurídico. Así lo entendía Marshall, cuando expresaba que aceptar una ley inválida subvierte el ordenamiento jurídico: “Esta doctrina subvertiría el real fundamento de todas las constituciones escritas. Declararía que una ley enteramente inválida es completamente obligatoria. Queda así reducida a nada, las más grande conquista en las instituciones políticas: es decir, la Constitución escrita”. Y cuestiona incluso la base misma del juramento de la Constitución, de los jueces estadounidenses, preguntando: “¿Por qué un juez ha de jurar desempeñar sus deberes conforme a la Constitución de los EEUU, si la Constitución no constituye regla para su gobierno?”.

Pero volvamos a la ley de impunidad. La doctora Jacinta Balbela, también integrante de la Suprema Corte de Justicia, en aquel momento, insistió en la inconstitucionalidad de la norma, aportando fundamentos en discrepancia, con aquella sorprendente sentencia de los jueces Tommasino, Addiego Bruno y Nicoliello. Balbela expone la contradicción palmaria que confronta a la Ley de Caducidad con la Constitución de la República. Explica que el artículo primero de la Ley de Caducidad es inconstitucional a partir del propio verbo “reconocer” que la redacción del artículo emplea. Sostiene que la misma Ley reconoce que hay “una situación de vigencia limitada de la Constitución”. También afirma que la impugnación del artículo 3° de la ley de impunidad es procedente, en la medida que viola el “principio de separación de poderes”.

La doctora Balbela nos recuerda luego algo constitucionalmente elemental: que el Poder Legislativo será ejercido por la Asamblea General, que el Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente de la República, actuando con el o los ministros respectivos o con el Consejo de Ministros y que el Poder Judicial será ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por los tribunales y juzgados, pues cada uno posee su ámbito específico de competencia en la Constitución de la República. Y ésta es claramente restrictiva, en cuanto a la posibilidad de que uno de los poderes incursione en el ámbito específico del otro. Así señala que “…la Constitución no ha asignado de manera alguna al Poder Ejecutivo funciones jurisdiccionales y, por lo tanto, el Parlamento no puede asignárselas, así como este órgano no puede resolver pleitos por medio de leyes o asignarse otras funciones jurisdiccionales que las concretadas a texto expreso, arts. 93° y 102° Constitución Nacional…”

La Ley de Caducidad ha vulnerado prácticamente todo en nuestro orden jurídico. Es muy importante que nuestro Estado de Derecho recupere su legitimidad. Por eso, es muy importante declararla nula. Aunque la norma no tuviera ningún efecto real, el Parlamento de la República igual debería declarar su anulación, como forma de preservar, en nuestro ordenamiento jurídico, la coherencia con nuestros principios constitucionales. Recuperaríamos así, aunque sea mediante una decisión simbólica, la dignidad nacional que esa ley ofende.

Pero si en realidad tiene efectos prácticos y su anulación abre la posibilidad concreta de investigar y juzgar delitos de lesa humanidad, entonces, con mucha más razón aún deberíamos hacerlo, porque dicho acto recuperaría el principio supremo de justicia.

El profesor Couture le enseñaba a sus alumnos que cuando el derecho y la justicia se hallan en conflicto, se debe optar por la justicia. De todas formas, éste no es el caso, pues aquí la justicia y el derecho están perfectamente alineados. Lo que está reñido con ambos es la propia Ley de Caducidad. La ley de impunidad niega el derecho y niega la justicia. Sin Ley de Caducidad se recupera el derecho y sin impunidad se recupera la justicia.

La inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad es flagrante, agrede a la Constitución de la República en reiteración real. Lo hace mucho más que aquella ley que John Marshall declaró inconstitucional porque repugnaba la Constitución estadounidense. Marshall tuvo las agallas de afirmarlo y dictaminarlo.

Es hora de que aquí tengamos también el valor de anularla. Se lo debemos a nuestra democracia, nos lo debemos nosotros mismos y, lo que es más importante aún, se lo debemos a las nuevas generaciones. *

(*) Senador de la República.

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Nuevo reclamo por “verdad y justicia”

Posted by FUECYS LISTA 3 en 23 mayo, 2010

fuente: La Republica

FAMILIARES. “ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD NO HACE EL CAMINO A LA VERDAD”

“Sin Verdad y Sin Justicia, no habrá reconciliación” fue el lema de la marcha en recuerdo de los más de 200  desaparecidos de la dictadura. De los cuales solamente unos pocos han aparecido luego de 15 años. La falta de información por parte de los militares sobre el destino de sus seres queridos es la mayor crítica de los familiares.

Victoria Alfaro |

Homenaje. Miles de personas marcharon en silencio por Verdad y Justicia por 18 de julio hasta la Plaza Libertad.

Autoridades. Varios representantes del gobierno nacional estuvieron presentes recordando a los desaparecidos.

Sin reconciliación. Los familiares entienden que sin saber el destino de los desaparecidos no es posible seguir adelante.

Presencia. El presidente Mujica asisitió anoche junto con Lucía Topolansky.

La 15º marcha “Sin Verdad y Sin Justicia, no habrá Reconciliación”, comenzó a las 19:00 horas en punto en el monumento a los desaparecidos de Jackson y Rivera.

Partió pausadamente, en silencio. Como cada año encabezada por los familiares de los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar y se desplazó hacia la Plaza Libertad.

Por el camino cosechó más participantes de todas las edades que se sumaron a la marcha en todas las cuadras del recorrido.

Calladamente paraban cada tanto a la espera que decenas de fotógrafos y camarógrafos, incluso de medios extranjeros les tomaran imagenes a los participantes y a las fotos que transportan los familiares año tras año durante la manifestación.

La Universidad de la República los esperaba con un gran cartel de Verdad y Justicia colgado en su frente.

Más adelante desde lo alto en la fachada del Teatro El Galpón partiendo la presentación de una obra teatral otro cartel pintado a mano decía: “Sin verdad y Justicia, no hay reconciliación”

Mientras tanto varias personalidades del gobierno y del Frente Amplio hacían acto de presencia. Bajo el monumento del filósofo Sócrates en la Biblioteca Nacional se encontraba el ex ministro de ganadería Ernesto Agazzi.

También se sumaron el senador Eduardo Lorier, la subsecretaria de turismo Lilián Kechichián, los legisladores Daniel Martínez y Daisy Tourné

el dirigente Lalo Fernández, el presidente del Frente Amplio Jorge Brovetto, entre otros.

Entre medio, casi desapercibido llegó por la calle Gaboto el Presidente José Mujica, que junto a su esposa la senadora Lucía Topolansky caminaron en silencio durante poco tiempo, hasta la calle Yaguarón. Evitando a las decenas de periodistas que se encontraban en la marcha.

El silencio y los rostros serios fueron la tónica de una jornada que todos los 20 de mayo desde hace 15 años se repite en busca de justicia.

Al llegar a la esquina de 18 de julio y Ejido la marcha paró nuevamente. Los parlantes ubicados sobre la avenida principal de Montevideo comenzaron a lanzar los nombres de los cientos de muertos y desaparecidos por el gobierno de facto.

Por cada nombre un grito unánime de la multitud gritaba: ¡Presente!. Cuando arribaron a la Plaza Libertad en medio de un aplauso se cerró la lista de los 213 homenajeados y se paso a entonar las estrofas del Himno Nacional que fue cantado por miles de voces.

Muchos se emocionaron, las lágrimas se deslizaban por los rostros de ancianos, hombres, mujeres y jóvenes que las disimulaban con abrazos y sonrisas, entre aplausos fuertes y prolongados, con los que se coronó la marcha.

Una movilización que se realiza en el aniversario de la muerte de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados y encontrados en Buenos Aires en 1976, junto con William Withelaw y Rosario Barredo.

Esta es la primera movilización que se realiza luego del fracaso del plebiscito por anular la ley de caducidad en octubre del 2009, que no alcanzó la mayoría de la voluntad popular.

Los organizadores recalcaron que esta fue una de las marchas más concurridas. La movilización iba desde la Plaza Cagancha hasta el monumento al Gaucho en Barrios Amorín.

El miércoles por primera vez el Poder Ejecutivo le brindó la cadena nacional por radio y televisión a la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Luisa Cuesta una de sus fundadoras indicó a LA REPUBLICA que a su entender no se puede mezclar la marcha con el plebiscito.

“La marcha es la marcha que familiares va a sacar siempre que pueda. La organización de Familiares no estaba de acuerdo con el plebiscito” aseguró Cuesta.

“Lo firmo en el último momento porque no podía quedar negándose. Entendimos que mas bien era una salida política y no sobre derechos humanos como queremos para vencer lo que nos pasa” aseguró la militante social.

Para ella actualmente la salida sería que los militares hablaran. “Cómo no los vamos a poder hacer abrir la boca, esperaremos a ver por donde es que salimos” precisó Cuesta.

Consultada sobre su opinión respecto al intento del Frente Amplio de anular la ley de caducidad en el Parlamento Cuesta indicó que estaba bien, pero que “anular la ley no hace camino a la verdad” puntualizó.

Por su parte Brovetto indicó que el Frente Amplio estará atrás de este tema hasta que aparezca el último desaparecido. Y reconoció que no puede haber reconciliación sin justicia.

El ex ministro de cultura estimó que este tema se solucionará a través de la vía parlamentaria.

Por otra parte el senador del Partido Comunista Eduardo Lorier indicó refiriéndose a la derrota en el plebiscito en octubre pasado que solamente era una batalla perdida. También manifestó su creencia de que la nulidad de la ley será un paso muy importante para saber la verdad sobre lo sucedido en la dictadura.

En este marco el senador Rafael Michelini indicó que a pesar de los años transcurridos nunca “se está preparado para esto. Al final la emoción la cantidad de gente, el silencio y después ese aplauso casi interminable me eriza la piel”

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